El presidente de la Abogacía visita Elche y reclama soluciones a los retrasos judiciales

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, visitó este viernes Elche para reunirse con el decano del Colegio de la Abogacía de Elche, Diego García, y otros profesionales del sector. El encuentro sirvió para conocer de primera mano los retos de la Administración de Justicia, entre ellos los retrasos judiciales, que en la provincia de Alicante llegan a situar algunos juicios laborales en 2030, la necesidad de reforzar los tribunales y la mejora de las condiciones de los abogados del turno de oficio.

González calificó la situación de preocupante tanto para los abogados como para los ciudadanos. Puso como ejemplo a una persona despedida o pendiente del reconocimiento de una incapacidad, que deben esperar varios años para obtener una respuesta, cuando la legislación laboral contempla en determinados casos procedimientos urgentes o de tramitación preferente. Según explicó, el problema no es exclusivo de Alicante y se ha agravado especialmente en la jurisdicción social.

Sobre las soluciones, el presidente de la Abogacía Española indicó que su organización colabora con el Poder Judicial para identificar dónde se concentran los mayores retrasos. Respecto al refuerzo de plantillas, mencionó la incorporación prevista de 500 plazas de jueces y magistrados en los próximos años, además de un refuerzo inmediato de 100 plazas para la jurisdicción social en el conjunto del país, y señaló que con la nueva organización judicial se trata de reforzar plazas dentro de los tribunales de instancia.

En cuanto a Elche, González destacó entre las inquietudes de los profesionales la situación de las mutualidades y las futuras pensiones de jubilación de numerosos compañeros. Recordó la aprobación de un Real Decreto-Ley que contempla la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta), cuyo desarrollo reglamentario está pendiente.

El presidente también subrayó que los retrasos tienen consecuencias directas en la vida de las personas, que en muchos casos acuden a los tribunales como último recurso para defender sus derechos. Además, consideró que todavía es pronto para valorar los resultados de la nueva Ley de Eficiencia Judicial y reclamó la constitución de la comisión para la calidad del servicio público de Justicia.

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