Citan a declarar a tres policías locales de Granada por presuntas escuchas ilegales en el despacho de Avilés

Tres agentes de la Policía Local de Granada, entre ellos el exjefe José Antonio Moreno, han sido citados a declarar ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por presuntas escuchas ilegales realizadas en el despacho del intendente José Manuel Jiménez Avilés, que dirigió la jefatura durante mandatos del PP. Los tres comparecen como investigados no detenidos y se han acogido a su derecho a no comparecer.

La citación llega después de que la UDEF encontrara en el móvil de uno de los agentes documentación que, según la investigación, acreditaría que compró una grabadora y la instaló de forma ilegal en el despacho de Avilés con ayuda de otro compañero del cuerpo. Este agente había formado parte como vocal del tribunal calificador de la convocatoria de acceso por turno libre de 32 plazas de la Policía Local de Granada, cuyo proceso está bajo sospecha tras filtrarse un audio en el que se hablaba de un supuesto cambio de examen para favorecer al hijo de un subinspector.

Según las primeras pesquisas, los dos agentes serían presuntos autores de un delito contra la intimidad y de revelación de secretos, y habrían filtrado las escuchas a un periódico digital. Los investigadores sostienen que actuaban dirigidos por el exjefe policial durante mandatos del PSOE, con el fin de frustrar los amaños y la reestructuración de la plantilla de sus rivales. El teléfono analizado contenía 72,8 gigabytes de información y más de 568.000 archivos, entre ellos conversaciones con el comercio donde se habrían comprado los dispositivos y con la periodista que publicó las escuchas.

La causa se ha abierto en la plaza 5 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, aunque de momento ningún agente tiene la condición formal de investigado por el juzgado, y se ha planteado una consulta para determinar si la competencia corresponde a la plaza 2. Antes de conocerse el supuesto origen de las escuchas, este órgano había archivado una denuncia de los perjudicados tras ver sus caras, nombres y voces publicados en un medio digital nacional.

La defensa del agente cuyo teléfono fue intervenido ha presentado un recurso para impugnar el rastreo del dispositivo, al considerar vulnerados sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos. El recurso pide limitar el análisis hasta abril o mayo de 2023, periodo que coincide con la oposición de las 32 plazas, y la inutilización de la información obtenida. Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Granada ya había delimitado una primera vez ese rastreo, aunque tras un recurso de la Fiscalía se permitió a la jueza de la macrocausa fijar la fecha que considerara adecuada.

Información elaborada a partir de Ideal.