El caso Marcelo llega a juicio final tras dos décadas de investigación en Alhendín

El caso Marcelo, una macrocausa por presunta prevaricación urbanística en Alhendín (Granada), ha quedado visto para sentencia después de 20 años de instrucción. La Fiscalía Provincial de Granada ha rebajado las penas solicitadas para los acusados al aplicar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha juzgado entre septiembre y octubre la última pieza del procedimiento, centrada en las presuntas irregularidades relacionadas con la construcción y puesta en marcha de una gasolinera. Los hechos se remontan a 2003 y afectan a la recalificación de una finca rústica y a la posterior concesión de licencias para construir una estación de servicio.

Para el exconcejal de Urbanismo y principal acusado, Manuel Fernández, la Fiscalía solicita siete meses de prisión y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Para otros dos concejales pide cuatro meses de prisión y dos años de inhabilitación, mientras que para el arquitecto municipal reclama seis meses de prisión y tres años de inhabilitación. Para el empresario solicita siete meses de prisión y retira la acusación por tráfico de influencias.

El exalcalde, que también estaba investigado por estos hechos, es nonagenario y tiene el procedimiento archivado debido a su estado de salud. Las otras dos piezas de la macrocausa, relacionadas con el polígono empresarial Marchalhendín y la urbanización Novosur, se cerraron el año pasado mediante acuerdos entre las partes y condenas reducidas por los retrasos judiciales.

La Fiscalía sostiene que se utilizó el procedimiento administrativo para fines particulares y que las licencias de obras y apertura concedidas en 2003 contravenían la normativa urbanística. La acusación particular reclama que se reconozcan los daños y perjuicios, incluidos los gastos y el lucro cesante, mientras que las defensas han pedido la absolución y han cuestionado la credibilidad del denunciante.

Durante el juicio declararon cinco peritos. Una técnica de la Administración andaluza defendió que la normativa aplicable no permitía construir la gasolinera en esa parcela, mientras que otro técnico relacionado con la redacción de las normas subsidiarias sostuvo que no existía una prohibición expresa para instalar estaciones de servicio.

Información elaborada a partir de Ideal.