La víctima del 'caso Viogén' pide hasta 12 años y medio de cárcel para policías locales de Granada

La víctima del llamado 'caso Viogén' ha pedido penas de hasta doce años y medio de prisión para el exjefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, y para otros siete agentes del cuerpo. Se les acusa de acceder de forma irregular a la plataforma VioGén, que sirve para el seguimiento de víctimas de violencia machista, con el fin de obtener datos sobre ella. El caso se inició tras una denuncia presentada en julio de 2024 por la mujer, expareja de un subinspector del cuerpo condenado por maltratarla.

Según el relato de la denunciante, su agresor «siempre había estado al tanto de todos sus movimientos, incluso por delante de ella». Sospechaba que compañeros de la Policía Local consultaban su expediente en VioGén y «recababan información que facilitarían a su expareja», o bien que este accedía con las claves de sus compañeros. Concluida la instrucción, el juzgado ha procesado a ocho agentes por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La Fiscalía había pedido el archivo al entender que los hechos no constituyen delito, pero la acusación particular ha solicitado la apertura de juicio oral.

Entre los investigados figuran el exjefe de la Policía Local, un subinspector y un oficial del Grupo de Mujer y Menores del cuerpo en el momento de los hechos, además de otros cinco agentes adscritos a esa unidad. La acusación pide 12 años y medio de prisión y 30 años de inhabilitación absoluta para el exjefe y para el subinspector jefe de la unidad, a quienes atribuye la inducción de un delito de descubrimiento y la autoría de uno de revelación de secretos. Para el oficial y el resto de agentes solicita condenas de entre 8 años y dos días y 12 años y medio de prisión, con inhabilitaciones absolutas de entre 20 y 30 años.

La acusación recuerda que la custodia de la mujer correspondía exclusivamente a la Guardia Civil y sostiene que los acusados realizaron presuntamente 47 accesos no autorizados a la plataforma entre el 25 de agosto de 2023 y el 4 de abril de 2024, sin dejar constancia de los motivos. Según el escrito, se consultaron recorridos de la víctima, cambios de horario de trabajo, cambios de domicilio, medidas de seguridad y datos relativos a su hija menor. Cinco agentes habrían llegado al nivel 3, con acceso a «datos sensibles» del expediente.

El escrito señala que las consultas partieron de una orden verbal del entonces jefe de la Policía Local para recopilar datos con vistas a un expediente disciplinario contra la expareja de la víctima, también miembro del cuerpo. Ese expediente quedó paralizado ocho días después de su apertura, pero según la acusación las intromisiones no cesaron. Además, el agresor no fue sancionado y, según el relato, fue ascendido a jefe de la Academia de Policía Local.

Siempre según la acusación, estos accesos generaron «temor y desasosiego» y obligaron a la víctima a vivir en un estado constante de alerta, modificando sus rutinas de seguridad, algunas de ellas sin anotarlas en el sistema para evitar que la Policía Local las conociera. La acusación pide además que cada acusado indemnice con 20.000 euros a la mujer y a su hija, y dirige la acción civil subsidiaria contra el Ayuntamiento de Granada. Solicita también que las sesiones del juicio sean a puerta cerrada para proteger la intimidad de ambas.

Información elaborada a partir de Ideal.