El alcalde de Guardamar respalda actuar sobre las casas de Babilonia tras el fallo del TC

El alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez (PSOE), ha valorado positivamente la resolución del Tribunal Constitucional que anula varios preceptos de la ley valenciana de Costas que podían proteger las viviendas de la playa de Babilonia. El regidor considera que el fallo despeja el camino para que el Ministerio para la Transición Ecológica ejecute la decisión pendiente de recuperar las construcciones y proceder a su demolición y a la restauración del entorno.

Sáez ha recordado que las concesiones de las viviendas caducaron en 2018 y que la decisión de no renovarlas fue adoptada por un Gobierno del Partido Popular, con Isabel García Tejerina como ministra competente. Según el alcalde, el Ayuntamiento reclamaba desde entonces que Costas resolviera definitivamente la situación: bien permitiendo el mantenimiento de las casas, bien ejecutando su recuperación y derribo.

El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento está “contento” con la resolución y ha lamentado que hayan transcurrido “prácticamente ocho o nueve años” a la espera de decisiones judiciales. También ha citado los informes del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que advertían de que las viviendas dificultan la dinámica natural entre la zona dunar y la playa y que la regresión del litoral supone un riesgo para las casas y sus moradores.

La Asociación de Vecinos Playa de Babilonia mantiene una postura contraria. Su portavoz, Manuel López, ha expresado el malestar de los residentes por el “empeño” del Gobierno de España en desalojar a los ocupantes y derribar unas viviendas que consideran parte de la historia de Guardamar. La asociación quiere analizar el contenido íntegro de la sentencia antes de fijar una valoración definitiva.

Unas 60 viviendas de planta baja tienen una orden de derribo firme desde mayo de 2025. La mayoría de sus ocupantes son residentes estacionales, aunque algunas familias las utilizan como primera vivienda. Los afectados sostienen que la regresión de la playa está relacionada con el espigón de la desembocadura del Segura y acusan al Estado de no actuar para proteger el litoral, además de impedir obras de reparación. Varias casas han sufrido daños tras temporales, incluido el de enero de 2020, y este fin de semana se han registrado nuevos desperfectos tras la dana Adam.

La Generalitat ha anunciado que estudiará nuevas alternativas jurídicas para proteger los núcleos costeros tradicionales. El Consell sostiene que el Constitucional no rechaza esa protección, sino que limita su aplicación mediante determinados preceptos autonómicos, mientras que el PSPV interpreta que la norma valenciana invadía competencias estatales. La sentencia no establece una nueva orden de demolición: las decisiones sobre las concesiones ya eran firmes y estaban pendientes de ejecución.

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