Empresas ambientales de Murcia reclaman reducir los plazos de las autorizaciones que llegan a durar ocho años

Las empresas del sector medioambiental de la Región de Murcia reclaman a la Administración que acelere la resolución de las autorizaciones ambientales, ya que la espera se ha convertido en una de sus principales preocupaciones y amenaza con que nuevas oportunidades de negocio se marchen a otros territorios. La reivindicación se planteó durante el III Memorial Juan Luna, organizado el pasado martes por la Asociación de Empresas del Medio Ambiente de la Región de Murcia (AEMA-RM).

La Dirección General de Medio Ambiente destacó un incremento del 191% en la resolución de trámites ambientales durante 2024 y 2025 respecto a 2023, pero según el texto esa mejora no ha rebajado las exigencias del tejido empresarial. Daniel Robles, presidente de AEMA-RM, reconoció el esfuerzo de la Administración, aunque insistió en que los plazos siguen siendo demasiado largos para las necesidades de las compañías.

La asociación defiende que una autorización ambiental debería resolverse "en cuestión de meses, no prolongarse durante años", sin renunciar a las garantías legales ni a la protección del entorno. Robles señaló que "la empresa necesita seguridad jurídica y rapidez y agilidad" y considera fundamental que los inversores sepan de antemano cuánto tardará la Administración en pronunciarse, tanto si la respuesta es favorable como si es negativa.

Entre los expedientes afectados figuran ampliaciones de instalaciones de gestión de residuos, nuevos vertederos, depósitos y explotaciones mineras. La complejidad de los procedimientos y la intervención de distintas administraciones, con consultas a ayuntamientos y otros organismos, alargan los tiempos. Robles planteó incorporar herramientas similares a las entidades colaboradoras de la Administración que ya funcionan en determinados procedimientos industriales.

El presidente de AEMA-RM aseguró conocer inversiones perdidas por la lentitud de las autorizaciones, aunque reconoció que no existe un registro oficial que permita cuantificar el alcance económico del problema. Citó expedientes que acumulan hasta ocho años sin resolución, un periodo que puede dejar obsoleto el proyecto inicial. "No hay ningún inversor que aguante esto", advirtió.

El encuentro abordó también la presencia de amianto en edificios e instalaciones anteriores a los años noventa, cuya retirada exige actuaciones especializadas, y la planta de biogás de Heygaz en Molina de Segura, ya autorizada y en funcionamiento, que según Robles favorece la economía circular y cuenta con tecnologías para controlar olores y emisiones.

Información elaborada a partir de La Opinión de Murcia.