El Govern aprueba un segundo paquete de 125 millones contra la inflación en Baleares

El Govern balear ha anunciado un segundo paquete de 125 millones de euros para paliar los efectos económicos de la crisis de Oriente Medio en las Islas. Las medidas entrarán en vigor el 1 de enero y se dirigen sobre todo a empresas y sectores afectados por el encarecimiento de los costes, mientras los sindicatos reclaman ayudas que lleguen directamente a trabajadores y familias.

La partida más amplia, de 50 millones, se destinará a facilitar liquidez a las pequeñas y medianas empresas. Otros 25 millones se repartirán en ayudas directas: diez para el sector primario y el resto para industria, pequeño comercio, construcción y transporte. Además, el Ejecutivo ha reservado 45 millones para revisar los precios de los contratos de obra pública, con el objetivo de que el aumento de costes no deje sin ejecutar proyectos como centros educativos, sanitarios y sociosanitarios u obras hidráulicas.

Los cinco millones restantes se dedicarán a medidas fiscales, entre ellas ayudas para titulares de hipotecas a tipo variable y bonificaciones en las tasas portuarias. Los pescadores quedarán exentos del pago de estas tasas, y el resto de actividades económicas desarrolladas en los puertos de PortsIB tendrá una rebaja del 50%.

Con este anuncio, la presidenta Marga Prohens cifra en 300 millones los recursos movilizados durante el último año para responder a la crisis. Prohens ha defendido que las medidas buscan aliviar los efectos inmediatos de la subida de precios, aunque ha reconocido que el Govern no tiene competencias en ámbitos como el IVA. También ha pedido prudencia por las repercusiones sobre el turismo: según ha explicado, el combustible supone ahora el 30% de los costes de las aerolíneas y podría llegar al 45%, un incremento que afecta también a las navieras y puede trasladarse al precio de los billetes.

Sobre el primer paquete, Prohens ha señalado que ya se abonan 30 millones en subvenciones directas: nueve para transporte, nueve para industria y 12,5 para el sector agrario, cuya tramitación se ha retrasado por cuestiones de normativa estatal y europea.

La patronal CAEB ha valorado positivamente el esfuerzo del Govern, aunque su presidenta, Carmen Planas, ha reclamado más medidas al Gobierno central, criticado la falta de diálogo social en la subida del salario mínimo y pedido agilizar la burocracia para que las ayudas lleguen antes a las empresas.

Por su parte, los sindicatos han puesto el foco en las economías domésticas. Marisa Ángela Aguiló, de CCOO, ha reclamado garantizar la gratuidad del transporte público durante el próximo año, independientemente de las decisiones del Gobierno central. María José Cordero, de UGT, ha considerado que las medidas llegan «poco y tarde» a las familias: «El problema es llegar a final de mes y pagar el alquiler». Cordero ha advertido de que la pérdida de poder adquisitivo acabará repercutiendo en el comercio y en el conjunto del tejido empresarial.

Información elaborada a partir de Menorca · Es Diari.