El Supremo exige a Ábalos, Koldo y Aldama el pago de 647.000 euros por el caso mascarillas
El Supremo requiere a Ábalos, Koldo y Aldama 647.000 euros en multas, decomisos e indemnizaciones por el caso mascarillas, con plazo de 15 días.
El Tribunal Supremo que juzgó el caso mascarillas, conocido también como caso Koldo, ha acordado iniciar la ejecución de la sentencia dictada el pasado 22 de junio, lo que obliga a los condenados a pagar multas, decomisos e indemnizaciones por un importe total de 647.000 euros.
En concreto, el exministro de Transportes José Luis Ábalos deberá abonar 52.500 euros en concepto de multa, su exasesor Koldo García Izaguirre 45.750 euros y el empresario Víctor de Aldama 75.000 euros.
El auto también requiere a los tres condenados el pago del decomiso de las cantidades procedentes del delito de cohecho. La sentencia cifra los beneficios obtenidos por el grupo en 430.298 euros, y el tribunal establece una responsabilidad solidaria entre los condenados hasta cubrir esa cantidad. Además, Ábalos y García Izaguirre deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a las empresas públicas Ineco, con 34.450 euros, y Tragsatec, con 9.500 euros.
Para estos pagos se concede un plazo de 15 días. Si no se cumple, las multas y las indemnizaciones se reclamarán por la vía de apremio. La gestión y realización de los bienes decomisados se encomienda a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).
El tribunal acuerda, asimismo, practicar las liquidaciones de condena de las penas de prisión de Ábalos y García Izaguirre, con los límites máximos de cumplimiento fijados en la sentencia: 15 años y 18 meses en el caso de Ábalos, y 15 años en el de García Izaguirre.
Respecto a Víctor de Aldama, el auto le obliga a comparecer cada seis meses ante el tribunal para informar de sus actividades laborales, mercantiles o empresariales, y a ratificar en 15 días su consentimiento para realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad. Ambas condiciones están vinculadas a la suspensión de la ejecución de su pena de prisión.
Aunque se trata de una información de ámbito estatal y provincial, afecta a un caso de corrupción que ha tenido gran repercusión en la política nacional.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.