Un juzgado de Palma investiga a la cúpula de PortsIB por la gestión de los campos de boyas

Un juzgado de Palma investiga a la cúpula de PortsIB por presuntas irregularidades en la gestión de los campos de boyas de las islas durante la pasada temporada de verano. El magistrado encargado, Enrique Morell, de la plaza número 9 de la sección de instrucción, abrió diligencias previas en septiembre contra los responsables de este ente público, que depende de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern, por presuntos delitos de fraude a la administración, malversación, desobediencia y prevaricación.

La causa se inició tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, a partir de una denuncia inicial de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo (ADN Mediterráneo). Los denunciantes sostienen que la cúpula de PortsIB implantó nuevos campos de boyas ecológicas el pasado verano mientras la licitación estaba suspendida. Según su versión, se formalizaron varios contratos menores y después se aprobó una prórroga extraordinaria de un contrato de 2022 para mantener la explotación de distintos campos, mientras el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales había paralizado el contrato principal de 2025, valorado en cerca de seis millones de euros y dividido en lotes.

Ayer por la mañana comparecieron en la sede de Vía Alemania los cuatro investigados: el director general de Puertos y Transporte Marítimo y vicepresidente de PortsIB, Antoni Mercant; el gerente de PortsIB, Francisco José «Kiko» Villalonga; y dos técnicos del ente. Todos defendieron ante el juez la legalidad de su actuación y subrayaron que debían garantizar la protección de la posidonia. No estuvo presente ningún fiscal; acudieron la Abogacía de la comunidad autónoma, que asiste a los investigados, y el letrado de los denunciantes.

Según indicaron los investigados, en junio era necesario prestar el servicio de boyas, porque los campos estaban sin regular y recibían numerosas llamadas de navegantes que preguntaban dónde podían fondear. Negaron que hubiera un fraccionamiento artificial de contratos para eludir los procedimientos ordinarios, y explicaron que, de los dos o tres contratos menores inicialmente previstos, ninguno llegó a ejecutarse porque se resolvieron de mutuo acuerdo.

La cúpula de PortsIB admitió que finalmente optó por prorrogar cuatro meses el contrato de 2022 para cubrir la temporada de verano. Esa prórroga incluyó, según los investigados, el campo de boyas de Formentor, que no figuraba inicialmente en el contrato y que luego se modificó para añadirlo. Los querellados recalcaron que este tipo de prórrogas están contempladas por la ley y que su actuación fue legal.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.