El Supremo rechaza extender la suspensión del voto a los hijos de nacionalizados por la 'ley de nietos'

El Tribunal Supremo ha decidido no ampliar la suspensión cautelar del voto a los descendientes de los nacionalizados con la 'ley de nietos', tal como pedían las organizaciones que habían logrado paralizar la inscripción en el censo CERA de quienes no acreditaban que sus ascendientes fueron exiliados. La Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado la decisión por cinco votos frente a uno.

La resolución cuenta con dos votos particulares. Uno es concurrente y pertenece a Alicia Millán, la única magistrada que se opuso a suspender el voto de los nacionalizados por la ley de memoria democrática: coincide con el fondo de la decisión, pero no con sus argumentos. El otro es discrepante y corresponde a Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que esta vez ha sido el único partidario de extender la suspensión cautelar a los descendientes.

Por otro lado, la Sala Tercera ha rechazado las alegaciones de varias asociaciones y particulares personados como codemandados contra las medidas cautelares adoptadas en los autos de 10 de septiembre y 12 de octubre. Esas medidas, que afectan a la inscripción en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) de nacionalizados por la 'ley de nietos', se mantienen en su integridad. Esta segunda decisión incluye el voto particular de una magistrada.

La Abogacía del Estado se había opuesto a suspender cautelarmente el voto de los hijos de nacionalizados por la 'ley de nietos' y ha pedido al Supremo que condene en costas a los colectivos que impulsaron la medida. Los Servicios Jurídicos del Estado sostenían la afectación notoria del derecho fundamental al sufragio activo de las personas que podrían verse afectadas, así como la trascendencia pública de la medida. También advertían de que podía condicionar el proceso electoral en curso e incluso el escrutinio final, por la existencia de votos ya emitidos pendientes de computar.

La medida provisional adoptada en septiembre, ratificada el 12 de octubre, solo afectaba a quienes adquirieron la nacionalidad al amparo de la ley de memoria democrática sin presentar documentación que acreditara el exilio de sus progenitores. La decisión del Supremo confirma, por tanto, que esa restricción no se extiende a los descendientes de los nacionalizados. Al tratarse de un asunto de ámbito estatal, su relevancia para Palma es indirecta y afecta a los residentes ausentes con origen en la nacionalidad reconocida por esa ley.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.