Los ecologistas piden blindar el suelo rústico en la nueva Ley Agraria balear
Los ecologistas reclaman una Ley Agraria balear que proteja el suelo rústico y priorice la agricultura familiar y ecológica.
El GOB Mallorca, el GOB Menorca y el GEN-GOB de Ibiza han presentado al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural sus alegaciones al proyecto de nueva Ley Agraria de Baleares. Las entidades reclaman que la norma apoye la viabilidad económica de la pagesia sin rebajar la protección territorial y ambiental del suelo rústico.
Las organizaciones defienden que los terrenos rústicos se reserven principalmente a las actividades agrícolas y ganaderas y piden más garantías frente a la urbanización progresiva del campo. Entre sus propuestas figura prohibir la construcción de nuevas piscinas en suelo rústico, al considerar que favorecen la transformación residencial y aumentan la presión sobre unos recursos hídricos ya tensionados.
El GOB también cuestiona que el proyecto pueda obligar a adaptar otras normativas, incluso si entran en conflicto con planeamientos urbanísticos y planes territoriales insulares aprobados. Las entidades consideran que esta previsión interfiere en las competencias de los consells insulars y los ayuntamientos y podría afectar a la autonomía normativa de cada isla.
Otro punto de preocupación es el procedimiento extraordinario previsto para incorporar a la ordenación edificaciones, construcciones e instalaciones agrarias levantadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Espacios Naturales de 1991. Los ecologistas piden revisar este mecanismo para evitar que sirva para legalizar construcciones irregulares o facilitar nuevos usos en espacios protegidos y zonas de alto valor ambiental o paisajístico.
Las entidades reclaman prioridad para las pequeñas y medianas explotaciones profesionales y la agricultura familiar en el acceso a ayudas, así como medidas para facilitar el relevo generacional. También proponen reconocer el carácter estratégico de la agricultura ecológica, aumentar la compra pública de productos locales y ecológicos y estudiar un salario de transición campesina para quienes mantengan su actividad y contribuyan a conservar la biodiversidad, prevenir incendios y proteger el suelo.
El GOB valora positivamente la inclusión de bancos de tierras, aunque pide que cuenten con presupuesto, personal y medios suficientes para recuperar terrenos abandonados y facilitar el acceso a jóvenes agricultores, explotaciones familiares y proyectos ecológicos. La cuestión afecta al conjunto de Baleares y, por tanto, al marco agrario y territorial que también se aplica en Mallorca, incluida Palma.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.