Turistas se niegan a abandonar pisos vacacionales de Vigo, Baiona y Vilagarcía y piden hasta 12.000 euros

Varios turistas extranjeros se han negado a devolver las llaves de apartamentos turísticos en Vigo, Baiona y Vilagarcía y han exigido a los propietarios miles de euros para abandonar las viviendas, según recoge Diario de Ibiza. Las empresas gestoras alertan de que la práctica está causando importantes pérdidas económicas. Las cantidades reclamadas rondan los 3.000 euros, aunque se han registrado casos que superan los 10.000 euros, y algunos huéspedes han permanecido más de ocho meses sin pagar nada adicional.

Una de las principales empresas de gestión de viviendas turísticas de Vigo, que ha pedido mantener el anonimato, asegura haber sufrido varios episodios de este tipo en el último año, todos protagonizados por huéspedes extranjeros. Según su responsable, "tenemos claro que son gente que está organizada, porque no es normal lo que está pasando. Se conocen todas las triquiñuelas legales y la ley no nos permite hacer nada para recuperar la propiedad".

La compañía ha presentado denuncias, ya que dispone de los datos de identificación de los ocupantes, pero los procedimientos judiciales siguen pendientes de resolución. Ante la imposibilidad de recuperar los inmuebles con rapidez, en algunos casos ha terminado aceptando las exigencias económicas, con pagos en efectivo para que los huéspedes abandonen las viviendas. Los afectados sospechan que podrían existir mafias o grupos organizados que utilizan los alojamientos vacacionales para obtener dinero, y las empresas han observado que las cantidades suelen ser mayores cuando el inmueble está gestionado por una compañía que cuando pertenece a particulares.

Uno de los problemas principales es la duración de los procedimientos judiciales, que, como en los impagos del alquiler convencional, puede prolongarse varios meses. La situación se complica especialmente cuando entre los ocupantes hay menores y la familia es considerada vulnerable.

Ante estas dificultades, algunos propietarios han recurrido a empresas especializadas en desalojos exprés. Es el caso de una pareja con un niño que reservó un apartamento durante diez días a través de una plataforma de internet y, al terminar la estancia, se negó a marcharse y reclamó 12.000 euros. Los familiares del propietario contrataron a una empresa de desalojos que recuperó la vivienda en quince días, sin que se pagara la cantidad exigida. No obstante, este servicio también tiene un coste considerable, en torno a 3.000 euros, una cifra similar a la que suelen reclamar los turistas.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.