Canarias deberá proteger a los inquilinos vulnerables ante ciertos desahucios

Las administraciones deberán ofrecer una alternativa habitacional adecuada o asumir las cantidades pendientes cuando personas vulnerables afronten determinados procedimientos de desahucio por impago del alquiler. La medida figura en el Real Decreto-ley 29/2026, publicado en el BOE el 7 de octubre y vigente desde el día 8.

Para activar este mecanismo es necesario acreditar la vulnerabilidad económica. Cuando la Administración competente recibe la notificación, comienza un plazo de dos meses durante el que quedan suspendidos el procedimiento y, en su caso, el lanzamiento. La norma contempla excepciones, entre ellas algunos procedimientos sujetos al régimen específico del artículo 2.1 para determinadas entidades compradoras de inmuebles o deuda hipotecaria.

Si no ofrece un alojamiento adecuado, la Administración deberá pagar al propietario o consignar judicialmente las cantidades reclamadas, las acumuladas hasta ese momento y las costas. Si transcurre el plazo sin alternativa ni pago íntegro, pasará a ocupar la posición deudora del inquilino. Mientras persista la vulnerabilidad, no procederá el lanzamiento y el contrato seguirá vigente hasta su vencimiento.

En Canarias, las familias que afrontan un desahucio o se encuentran próximas a esa situación cuentan también con Canarias Pro-Hogar, un programa impulsado por el Instituto Canario de la Vivienda. Su objetivo es evitar la pérdida de la vivienda y, cuando no sea posible, buscar una solución habitacional alternativa, con la participación de las administraciones según sus competencias.

La coordinación entre vivienda, servicios sociales y órganos judiciales ya tenía antecedentes en el Archipiélago. En 2023, el Gobierno canario anunció un protocolo con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Canaria de Municipios para mejorar la atención a las familias vulnerables antes de un lanzamiento, informar sobre los recursos disponibles y comunicar al Instituto Canario de la Vivienda los casos que requirieran intervención.

Para los hogares afectados en Las Palmas de Gran Canaria y el resto de Gran Canaria, los servicios sociales municipales son una vía para exponer su situación y conocer los recursos disponibles. La valoración debe tener en cuenta los ingresos, la composición familiar y la posibilidad de acceder a otro alojamiento.

Información elaborada a partir de La Provincia.