CC y Primero Canarias proponen traslados de menores migrantes y más financiación estatal y europea

Coalición Canaria y Primero Canarias plantean en su programa para las elecciones generales del 29 de noviembre que la respuesta a las llegadas de migrantes a Canarias no dependa de negociaciones entre administraciones cada vez que se desbordan los recursos de acogida. La alianza propone activar traslados hacia otras comunidades cuando un territorio supere los umbrales previstos, con plazos, criterios de capacidad y financiación conocidos. El planteamiento forma parte del documento Defiende Canarias, presentado el 9 de noviembre por Cristina Valido y Teodoro Sosa, cabezas de lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, respectivamente.

En la presentación, Valido reclamó mayor responsabilidad estatal y europea ante las llegadas por la ruta atlántica: «No podemos permitir que Canarias asuma en solitario este fenómeno». Para lograr que los mecanismos de solidaridad territorial se activen sin negociar cada traslado por separado, la candidatura plantea impulsar los ajustes legales necesarios.

En el caso de los menores migrantes no acompañados, el programa exige recursos estatales suficientes y previsibles para sostener su protección. El documento sitúa el interés superior del menor como criterio para organizar los traslados, las condiciones de acogida y la continuidad de su educación y atención sanitaria. La finalidad declarada es que la participación de otras comunidades reduzca de forma efectiva la sobrecarga de los territorios de llegada.

Otro compromiso es reclamar que el Estado y la Unión Europea asuman los costes extraordinarios del salvamento, la acogida y la atención humanitaria en la frontera atlántica, con una respuesta permanente y respeto a los derechos humanos, de modo que los recursos puedan planificarse con antelación. Valido defendió disponer de más información y medios para responder de manera estructural, especialmente tras el repunte de llegadas registrado en El Hierro.

El programa incluye también cooperación estable con Mauritania, Senegal, Marruecos, Cabo Verde y otros países de origen y tránsito, en ámbitos como el desarrollo, la seguridad, la formación, la movilidad ordenada y la lucha contra las redes que se lucran con las personas. La alianza reclama, además, que Canarias participe en el diseño y la aplicación de las políticas migratorias españolas y europeas que afectan al archipiélago.

Por otra parte, ante el anuncio de la regularización extraordinaria de 2026, la diputada nacionalista Vidina Espino pidió conocer el contenido del decreto antes de emitir una valoración definitiva y advirtió de la necesidad de revisar su «letra pequeña». Esa declaración se diferencia de los compromisos electorales para el 29N, que se centran en la responsabilidad estatal y europea, la acogida entre territorios y una financiación previsible.

Aunque se trata de una noticia de ámbito provincial, interesa también a Las Palmas de Gran Canaria como capital de la provincia, donde se refleja el debate sobre cómo se reparten las cargas de la acogida migratoria.

Información elaborada a partir de La Provincia.