Canarias deberá resolver la dependencia en tres meses con la nueva reforma estatal

La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, aprobada por el Congreso el 16 de septiembre, entrará en vigor el 23 de octubre y obligará a acortar de seis a tres meses el plazo máximo para resolver los expedientes. En Canarias, el tiempo medio de tramitación se situó en 314 días durante el segundo trimestre de 2026, aunque la Dirección General de Dependencia asegura que actualmente ronda los 84 días.

La modificación establece también que el Estado deberá financiar el 50% del sistema de dependencia. Según la directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias, Concepción Ramírez, el Archipiélago asume ahora el 78% del coste total y la Administración General del Estado aporta el 22%. Si el sistema canario tiene un coste de 400 millones de euros, cada administración debería cubrir 200 millones.

Canarias ha adelantado parte de la adaptación con un decreto aprobado en abril que permite determinar en una sola visita el grado de dependencia y el Programa Individual de Atención. La comunidad pasó de una espera media de 782 días en julio de 2023 a 314 días en el segundo trimestre de 2026. Ramírez señala que Gran Canaria y Lanzarote acumulan algo más de retraso, mientras que en el resto de las islas ya no habría lista de espera, según sus declaraciones.

La reforma vincula además los grados de dependencia con porcentajes de discapacidad: el grado I equivaldrá automáticamente a un 33%, y los grados II y III, a un 65%. También permitirá combinar prestaciones, aunque Canarias deberá modificar su normativa autonómica sobre compatibilidades e incompatibilidades antes del 1 de enero de 2030.

El nuevo marco amplía los cuidados a domicilio para incluir acompañamientos como hacer la compra o acudir al médico, reconoce al cuidador principal y al cuidador no profesional, y permite que este último no sea familiar ni conviva con la persona dependiente, siempre que exista un compromiso de atención. Asimismo, la accesibilidad universal podrá reclamarse en servicios y edificios públicos.

La figura del asistente personal se incorpora al catálogo ordinario del Sistema de la Dependencia. Canarias reguló en marzo la prestación económica de asistencia personal, con importes máximos de 436 euros para el grado I, 577,25 euros para el grado II y 900 euros para el grado III. La teleasistencia también se concederá a todas las personas con algún grado de dependencia reconocido; en las islas ya alcanza a cerca de 15.000 usuarios y se prevé que supere los 20.000 antes de acabar el año.

Información elaborada a partir de La Provincia.