Canarias pide a la Fiscalía desbloquear el traslado de menores a la Península
Canarias recurre a la Fiscalía ante las trabas al traslado de menores migrantes y alerta de una posible saturación de sus centros.
Canarias ha recurrido a la Fiscalía para intentar desbloquear los traslados de menores migrantes no acompañados a la Península, después de que algunas comunidades autónomas, entre ellas Aragón y Castilla-La Mancha, hayan puesto trabas a las derivaciones. El mecanismo vigente caduca en marzo de 2027 y el Gobierno autonómico teme que su eventual interrupción vuelva a saturar los recursos de acogida.
La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, advierte de que existe riesgo si no se reforma el sistema. Según explica, un freno a las derivaciones pondría en peligro avances logrados desde agosto de 2025, como el cierre de macrocentros que llegaron a alojar a decenas de menores sin una atención individualizada.
El procedimiento habitual requiere la coordinación entre Canarias y la comunidad autónoma de destino. Cuando estas gestiones se bloquean y los traslados no se hacen efectivos, el Ejecutivo canario solicita la intervención de la Fiscalía. El mecanismo exprés fija un plazo máximo de 15 días para las salidas en situaciones de contingencia, aunque en la práctica pueden demorarse hasta un mes.
La preocupación aumenta tras el repunte de llegadas de cayucos y pateras a las islas. Solo a El Hierro han llegado más de 100 menores en los últimos días y está previsto que otros 30 sean trasladados a distintas comunidades durante las próximas dos semanas.
Canarias mantiene actualmente a 2.583 menores en sus centros, por encima de su capacidad ordinaria de acogida, fijada en 2.211 plazas. La situación afecta al conjunto del Archipiélago y, por tanto, al sistema autonómico del que forman parte los recursos de la provincia de Las Palmas.
El Gobierno canario también mantiene dudas sobre la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el pasado 12 de junio. La normativa establece que los menores deben contar con un representante durante el proceso inicial de evaluación e identificación, aunque sigue pendiente aclarar si esa competencia corresponde al Estado o a Canarias.
Información elaborada a partir de La Provincia.