Canarias plantea limitar a dos las viviendas de los compradores no residentes
Canarias propone limitar a dos las viviendas de los no residentes y exigir hasta quince años de residencia para comprar inmuebles.
El Gobierno de Canarias ha remitido al Estado dos borradores normativos que plantean limitar a un máximo de dos las viviendas que podrán adquirir las personas no residentes en las Islas, siempre que los inmuebles estén situados en localidades diferentes. La medida forma parte de un paquete destinado a frenar la especulación y facilitar el acceso a la vivienda de la población residente.
La propuesta equipara, a efectos de las restricciones, a quienes ya sean propietarios de dos o más viviendas con las personas no residentes. Además, plantea reservar la compra de viviendas libres y protegidas a quienes acrediten diez años de residencia ininterrumpida en Canarias, o quince años si la residencia ha sido discontinua. El requisito se aplicaría con independencia de la nacionalidad y se justificaría mediante un certificado de empadronamiento.
La exigencia también afectaría a los contratos de alquiler con opción de compra y a determinadas operaciones sobre derechos de usufructo y superficie. Las herencias quedarían excluidas. La relación entre este requisito general de residencia y el límite específico de dos viviendas deberá concretarse en la redacción definitiva.
El borrador establece asimismo condiciones para las empresas: las personas jurídicas solo podrían adquirir viviendas para venderlas posteriormente a particulares o destinarlas al alquiler. Las operaciones que incumplieran los requisitos serían consideradas nulas y no podrían inscribirse en el Registro de la Propiedad.
Otra de las propuestas busca ampliar las competencias municipales para delimitar zonas donde limitar o excluir la compra y el alquiler por parte de determinados extranjeros no comunitarios. También se plantea permitir que el planeamiento urbanístico prohíba la cesión temporal de viviendas para uso turístico en áreas concretas y que los ayuntamientos establezcan tasas sobre las pernoctaciones o estancias turísticas de personas no residentes.
El Ejecutivo autonómico pretende además que la protección de la función social de la vivienda permita suspender la liberalización de determinadas operaciones inmobiliarias y someter a autorización previa los fondos procedentes del exterior destinados a comprar inmuebles. Fernando Clavijo ha defendido que el Gobierno central tramite los borradores antes de las elecciones del 29 de noviembre y ha apelado a la condición de Canarias como región ultraperiférica. La propuesta afecta al conjunto del Archipiélago, incluida Las Palmas de Gran Canaria, aunque cualquier aplicación concreta dependería de la norma definitiva y de las decisiones municipales.
Información elaborada a partir de La Provincia.