Canarias propone limitar la compra de vivienda a quienes residan en las islas
Canarias propone limitar la compra de vivienda a residentes con diez años de empadronamiento y pide al Estado varias reformas legales.
El Gobierno de Canarias ha remitido al Estado dos borradores para restringir la compra de viviendas a no residentes y frenar la presión inmobiliaria. La propuesta reserva la adquisición a quienes acrediten diez años de residencia ininterrumpida en las islas, o quince si esta ha sido discontinua, con independencia de su nacionalidad.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo de Fernando Clavijo, se ampara en la condición de Canarias como región ultraperiférica reconocida en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El presidente canario pretende que el Gobierno central lleve los textos al Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre y sostiene que su aprobación es una cuestión de voluntad.
El requisito se aplicaría a viviendas libres y protegidas, y también a los alquileres con opción de compra y a la constitución o transmisión de derechos reales de usufructo y superficie. Las herencias quedarían excluidas. La residencia se acreditaría mediante el certificado de empadronamiento y las operaciones que incumplieran las condiciones serían nulas y no podrían inscribirse en el Registro de la Propiedad.
El borrador establece además que cada persona podría adquirir un máximo de dos viviendas, situadas en localidades diferentes. Los propietarios de dos o más inmuebles quedarían equiparados a los no residentes a efectos de esta garantía, mientras que las empresas solo podrían comprar viviendas para venderlas a particulares o destinarlas al alquiler. La restricción tendría una vigencia de diez años.
Canarias también pide modificar varias leyes estatales para que los ayuntamientos, con acuerdo del pleno y conformidad autonómica, puedan limitar o excluir la compra y el alquiler por parte de no domiciliados en determinadas zonas. La propuesta incluye un límite de 31 días para las cesiones temporales de uso residencial con fines turísticos y la posibilidad de prohibirlas mediante el planeamiento urbanístico.
El paquete plantea asimismo autorizar una tasa municipal sobre las pernoctaciones o estancias turísticas de no residentes y someter a autorización administrativa previa determinadas operaciones inmobiliarias y movimientos de fondos procedentes del exterior. La reforma permitiría que el Gobierno de Canarias asumiera directamente la competencia para autorizar o denegar esas operaciones cuando estuviera en juego la función social de la vivienda. La medida afectaría al conjunto de las islas, incluida Las Palmas de Gran Canaria, aunque los borradores no detallan actuaciones específicas para la capital.
Información elaborada a partir de La Provincia.