Canarias queda fuera de 180 millones estatales para vivienda

Canarias no recibirá parte de los 180 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros para afrontar la crisis de la vivienda porque no tiene ningún municipio declarado oficialmente como zona de mercado residencial tensionado.

El real decreto vincula el acceso a estos fondos a las comunidades autónomas que hayan aplicado esta figura prevista en la Ley estatal de Vivienda de 2023. La declaración de emergencia habitacional aprobada por el Gobierno canario en 2024 no es suficiente para acceder a la partida.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad considera que el debate sobre estos fondos es una cuestión menor frente al desfase que, a su juicio, sufre Canarias en el Plan Estatal de Vivienda. El consejero Pablo Rodríguez afirma que los criterios actuales, basados en parámetros obsoletos, provocan que las islas reciban cerca de 200 millones de euros menos de los que les corresponden.

El Ejecutivo autonómico reclama un reparto basado en las necesidades reales de cada territorio y prioriza la construcción de vivienda pública, el aumento de la oferta asequible y el refuerzo de las ayudas al alquiler.

En la provincia de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria figura entre los municipios que han solicitado formalmente la declaración de zona tensionada, según el texto original. También la han pedido Adeje y Granadilla de Abona. Sin embargo, ninguna localidad del Archipiélago cuenta todavía con el reconocimiento oficial.

Un informe citado de Drago Canarias sostiene que los 88 municipios de las islas cumplen al menos uno de los requisitos legales para ser considerados zonas tensionadas y que 42 cumplen ambos. La declaración exige, además de esos indicadores sobre esfuerzo económico y evolución de los precios, completar el procedimiento administrativo establecido.

Información elaborada a partir de La Provincia.