Canarias reclama al Estado más medios para controlar sus fronteras

El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles reclamar al Estado un refuerzo de los medios humanos, materiales y tecnológicos para controlar las fronteras exteriores del Archipiélago. La petición incluye la participación coordinada de la Guardia Civil, la Policía Nacional, medios militares y Frontex.

La demanda forma parte de una proposición no de ley del PP con seis medidas para afrontar las consecuencias de la migración irregular en la ruta atlántica. La iniciativa también pide mejorar los dispositivos estatales de acogida y traslado, garantizar recursos para los costes extraordinarios de la presión migratoria e incrementar la cooperación con los países de origen y tránsito.

El texto reclama además reforzar la identificación, atención y traslado de las personas que llegan a las Islas y agilizar los retornos de quienes no tengan derecho a permanecer en España, siempre con garantías legales. Vox votó en contra de los puntos relativos a la acogida, los traslados y la financiación, aunque la propuesta salió adelante con el apoyo del resto de grupos.

El diputado del PP Jacob Qadri defendió recuperar la operación Noble Centinela, desplegada en 2006 durante la crisis de los cayucos. Según los datos del Ministerio de Defensa que citó, aquella actuación movilizó recursos de la Armada, la Guardia Civil, la Policía Nacional y Salvamento Marítimo, además de solicitar la participación de Frontex, y permitió salvar más de 10.000 vidas y reducir las llegadas a menos de la mitad.

Durante el debate, Qadri afirmó que Canarias es frontera de España y del sur de Europa, mientras que Vox reclamó priorizar las deportaciones y repatriaciones. NC, CC y ASG destacaron la dimensión humanitaria y la responsabilidad estatal y europea. La socialista Elena Máñez defendió que el Gobierno central ya trabaja en la cooperación con países africanos y cifró en un 77% la reducción de las llegadas respecto a 2024: unas 7.100 personas frente a alrededor de 30.000 entre enero y septiembre de aquel año.

La decisión afecta al conjunto de Canarias y, por su condición de capital autonómica y sede del Parlamento regional, tiene especial interés informativo para los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Máñez añadió que la continuidad de algunas medidas dependerá del escenario político tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Información elaborada a partir de La Provincia.