Cermi reclama más apoyos para la inclusión educativa en Canarias

Las Palmas de Gran Canaria acoge el XX Congreso de Cermis Autonómicos, un encuentro que reúne al movimiento asociativo de la discapacidad para evaluar la aplicación en Canarias de la Convención de Naciones Unidas, 20 años después de su aprobación. Las jornadas se celebran en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y concluirán con la Declaración de Las Palmas de Gran Canaria.

Juan Carlos Hernández, vicepresidente de Cermi Canarias y presidente de Cocemfe Canarias, ha defendido que situar el congreso en la capital grancanaria permite trasladar al ámbito estatal las singularidades de las islas, como la insularidad, la doble insularidad y el sobrecoste de acceder a servicios y profesionales. Según ha señalado, no existen las mismas facilidades para una persona residente en El Hierro o La Graciosa que para quien vive en La Laguna o Telde.

El representante asociativo ha reclamado que la inclusión del alumnado con discapacidad en los centros ordinarios vaya acompañada de medios adecuados. Ha denunciado la existencia de colegios preferentes con ascensores averiados, falta de baños adaptados y ausencia de auxiliares para atender la higiene del alumnado, una situación que, según afirma, obliga a algunas madres a acudir al colegio y dificulta que puedan mantener su empleo.

Hernández también ha advertido de la falta de recursos para las familias cuidadoras, tanto en las actividades extraescolares como dentro de los centros. En el ámbito de la salud mental, ha explicado que algunas madres deben permanecer en el colegio por si sus hijos sufren una crisis, al no contar los centros con personal preparado. A su juicio, esta sobrecarga puede llevar a reducir jornadas o abandonar el trabajo y aumentar la pobreza familiar.

Durante el congreso se abordará asimismo el alcance del artículo 49 de la Constitución, la atención a la dependencia y el cumplimiento de las cuotas de empleo reservado. Hernández considera que el sector privado cumple de forma adecuada el 2% en las grandes empresas, pero denuncia que las administraciones públicas incumplen de manera sistemática la reserva del 5% para personas con discapacidad y del 2% para personas con discapacidad intelectual, además de no adaptar siempre los puestos de quienes superan una oposición.

Las conclusiones del encuentro serán trasladadas a las administraciones públicas. Juristas, Fiscalía, entidades sociales, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria analizarán el desarrollo de las políticas sociales y las mejoras necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el Archipiélago.

Información elaborada a partir de La Provincia.