Cinco magistrados del TC cuestionan el fallo sobre la amnistía a la malversación
Cinco magistrados conservadores del TC cuestionan que la mayoría haya impuesto al Supremo cómo aplicar la amnistía a la malversación del procés.
Los cinco magistrados de sensibilidad conservadora del Tribunal Constitucional que han quedado en minoría al amparar a la exconsellera Dolors Bassa reprochan a la mayoría haber asumido un papel que corresponde al Tribunal Supremo al ordenar aplicar la amnistía al delito de malversación del procés.
José María Macías, Concepción Espejel, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa expresan su discrepancia en un voto particular, al que tuvo acceso EL PERIÓDICO, sobre la sentencia cuyo ponente ha sido el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
Los magistrados consideran que la resolución incurre en un “exceso” de la jurisdicción constitucional y en una “injustificada desmesura” al valorar la motivación ofrecida por el Supremo cuando rechazó aplicar la amnistía a la malversación. También censuran el uso de calificativos que, a su juicio, resultan innecesarios e incompatibles con el respeto institucional.
El voto particular cuestiona además la metodología de la mayoría por situar al mismo nivel la ley de amnistía y el Código Penal. Los discrepantes defienden la interpretación del Supremo sobre el enriquecimiento personal y rechazan que ninguna malversación cometida durante el procés pueda considerarse un beneficio personal.
Según los cinco magistrados, el Constitucional no se ha limitado a examinar la interpretación del Supremo desde una perspectiva constitucional, sino que ha corregido esa interpretación de la legalidad ordinaria y le ha indicado cómo debe aplicar la ley. A su juicio, la sentencia coloca al tribunal en una posición que no le corresponde y suplanta de forma reiterada el papel del Supremo.
Los discrepantes también critican que el fallo ordene al alto tribunal declarar amnistiado el delito de malversación “con carácter preferente y urgente”. Consideran que esa instrucción puede provocar una colisión institucional injustificada y reflejar una desconfianza hacia la actuación posterior del Supremo. La resolución afecta a un asunto de ámbito estatal, aunque su relevancia jurídica y política alcanza también a Canarias y a Las Palmas de Gran Canaria.
Información elaborada a partir de La Provincia.