Clavijo defiende los controles tras la causa contra Quórum Social 77 por presuntos malos tratos a menores

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, considera que la causa penal abierta por presuntos delitos de odio y lesiones contra menores migrantes en centros gestionados por la ONG Quórum Social 77 demuestra que "los controles funcionan". Sus declaraciones se producen tras la publicación de parte del sumario, que incluye fotografías y vídeos sobre los presuntos malos tratos sufridos por los usuarios de un centro ya clausurado, ubicado en Bandama, en la capital grancanaria.

Clavijo recordó que la denuncia se remonta a la etapa en la que la red de acogida de Canarias estaba desbordada con más de 6.500 menores migrantes, lo que obligó al Gobierno autonómico a acudir al Tribunal Supremo para forzar la intervención del Gobierno central. Según el presidente, la investigación se puso en marcha a raíz de denuncias de la Consejería de Bienestar Social, que dirige Candelaria Delgado. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias acordó en su día el cierre del centro por la supuesta comisión de delitos de odio, lesiones, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, y contra la integridad moral y amenazas.

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, expresó este martes la "extrema preocupación" del Gobierno canario por lo que se va conociendo de la investigación que dirige el Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria. Candil explicó que estas situaciones se dieron cuando había 87 centros abiertos en Canarias y que el Ejecutivo ya advertía de las dificultades para encontrar personal con la formación adecuada. Añadió que la situación se ha corregido gracias a la modificación de la Ley de Extranjería, que obliga al resto de comunidades autónomas a compartir con Canarias, Ceuta y Melilla el esfuerzo de acogida.

El viceconsejero aseguró que la realidad del centro, detectada en inspecciones del Gobierno canario, "fue siempre puesta en conocimiento de la Fiscalía" por parte de la Dirección General de Infancia. Asimismo, confió en que no vuelvan a darse centros con "300 o 400 menores", como sucedió en 2025, una situación que calificó de insostenible y que motivó la reclamación de traslados a otras comunidades autónomas.

Actualmente, con el repunte registrado en las últimas semanas, Canarias acoge a unos 2.700 menores migrantes, cifra que, según Candil, permite un mayor control de los centros y que el personal que atiende a los menores cuente con la formación necesaria. Mientras la causa penal sigue en instrucción y no hay sentencia, Quórum Social 77 continúa gestionando centros de este tipo en Canarias, según confirmó el viceconsejero.

Información elaborada a partir de La Provincia.