Colgar una bandera en el balcón no implica una multa automática, según la LPH
La LPH no permite multar automáticamente por colgar una bandera, aunque puede haber reclamaciones y sanciones en edificios protegidos.
La colocación de una bandera de España en el balcón por el 12 de octubre no conlleva una multa automática, aunque puede generar conflictos si afecta a elementos comunes del edificio. La Ley de Propiedad Horizontal considera la fachada y la parte exterior de los balcones elementos comunes.
Según el texto publicado por La Provincia, la comunidad de propietarios puede reclamar si la instalación modifica la fachada, causa daños o incumple las normas del inmueble. No obstante, los expertos citados recuerdan que la exhibición temporal de símbolos puede estar amparada por la libertad de expresión siempre que no provoque molestias relevantes.
Entre las situaciones que podrían motivar una reclamación figuran realizar agujeros en la fachada, instalar una bandera de gran tamaño que invada el espacio de otros vecinos o dificulte sus vistas, generar riesgos para los peatones o producir ruidos continuados por una mala sujeción.
La comunidad no puede imponer por sí misma una multa económica por colocar una bandera. Si el desacuerdo llega a los tribunales, el juez podría ordenar la retirada, reclamar la reparación de posibles daños y atribuir las costas judiciales, que habitualmente se sitúan entre 1.500 y 3.000 euros, según el caso.
La situación cambia en edificios protegidos o ubicados en cascos históricos con regulación patrimonial. En esos casos, las administraciones pueden abrir expedientes sancionadores con multas de entre 750 y 1.500 euros para infracciones leves y de entre 1.500 y 3.000 para las graves. En supuestos de especial protección, las sanciones podrían alcanzar o superar los 30.000 euros.
La información resulta de interés para los propietarios y comunidades de vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, aunque el texto no concreta edificios ni expedientes en la capital grancanaria. En la mayoría de los conflictos, la solución habitual es requerir la retirada de la bandera antes de acudir a los tribunales.
Información elaborada a partir de La Provincia.