Desahucian a una madre y sus dos hijos en Las Palmas de Gran Canaria
Una madre y sus dos hijos menores han sido desahuciados en Pedro Hidalgo pese a contar con un informe de vulnerabilidad recién tramitado.
Jennifer y sus dos hijos, de cuatro y 16 años, han sido desahuciados este martes de una vivienda situada en la zona alta de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria. La familia, que no dispone de una alternativa habitacional, quedó en la calle poco después de que se tramitara un informe de vulnerabilidad remitido a los juzgados.
El colectivo Derecho al Techo convocó un piquete ante el domicilio desde las 9.30 horas. Según sus integrantes, alrededor de un centenar de personas mantuvo una resistencia pacífica durante el lanzamiento, hasta que la Policía disolvió la concentración. Algunos manifestantes denunciaron el uso de gas pimienta y aseguraron que hubo personas heridas durante la intervención.
Jennifer salió de la vivienda al borde del desmayo y, según el relato recogido, no recibió atención sanitaria en ese momento. La familia se alojará provisionalmente en casa de la madre de Jennifer mientras se busca una solución estable. La mujer explicó que nunca se negó a pagar el alquiler y que pidió al propietario más tiempo, un alquiler social o cualquier alternativa para marcharse con sus hijos.
Este era el segundo intento de desahucio. El primero se paralizó tras constatarse que en la vivienda residían dos menores. Derecho al Techo sostiene que el juzgado no tuvo en cuenta el informe de vulnerabilidad recientemente elaborado y reclama que estos documentos se tramiten antes de ordenar los lanzamientos.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lamentó el desahucio y aseguró que los Servicios Sociales municipales habían acreditado la vulnerabilidad de la familia. El Consistorio recordó que el Real Decreto Ley 29/2026 contempla la suspensión de desahucios en determinados supuestos de vulnerabilidad cuando no existe alternativa habitacional, aunque reconoció desconocer si el juzgado había solicitado información sobre los recursos disponibles.
La portavoz de Derecho al Techo Sofía Olivares afirmó que se había intentado negociar un alquiler asequible con el propietario y criticó la actuación de las instituciones. También advirtió de que los menores no tendrían dónde acudir al regresar de sus centros escolares y expresó su preocupación por la situación de la familia.
Información elaborada a partir de La Provincia.