Dos cálculos enfrentados dejan en el aire el límite al alquiler en la capital
Dos informes sitúan el esfuerzo para pagar el alquiler en Las Palmas de Gran Canaria por debajo y por encima del umbral legal del 30%.
Las Palmas de Gran Canaria afronta la tramitación para ser declarada zona de mercado residencial tensionado con dos estudios que ofrecen resultados opuestos. El Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas calcula que los hogares destinan al alquiler y los suministros el 24,12% de sus ingresos, mientras que el Ayuntamiento eleva ese esfuerzo al 30,97%, justo por encima del umbral del 30% fijado por la Ley estatal de Vivienda.
La documentación municipal, presentada tras varios requerimientos del Gobierno de Canarias, sitúa el alquiler medio en 740 euros mensuales y los gastos adicionales en 271 euros, con una renta mensual de los hogares de 3.262 euros. El estudio de los economistas parte de un alquiler de 616 euros y estima los suministros en 161,87 euros al mes. Las diferencias responden al uso de metodologías, gastos y periodos de referencia distintos.
También discrepan sobre la evolución de los arrendamientos entre 2019 y 2024. El Colegio de Economistas calcula una subida del 21,2%, frente a un aumento del 18,6% del IPC de Canarias, una diferencia inferior a los tres puntos exigidos por la ley. El Ayuntamiento estima que los alquileres crecieron un 29,4%, frente a un IPC del 19,69%, por lo que la brecha alcanzaría 9,71 puntos y superaría el margen legal.
La adenda municipal identifica 96 secciones censales con una tasa de esfuerzo superior al 30% entre las 252 con información. En Puerto-Canteras, La Isleta y Guanarteme son 24 de 45 secciones; en Ciudad Alta, 38 de 77, y en el distrito Centro, seis de 56. El Consistorio defiende que la declaración abarque todo el municipio porque considera que el mercado residencial de la capital está interrelacionado.
El Instituto Canario de la Vivienda consideró el 24 de septiembre que la documentación era suficiente para continuar el procedimiento, aunque no confirmó que los cálculos municipales fueran correctos ni invalidó el informe de los economistas. El expediente está ahora en información pública y, tras las alegaciones y los informes pendientes, el Gobierno de Canarias deberá decidir si declara Las Palmas de Gran Canaria zona de mercado residencial tensionado.
Información elaborada a partir de La Provincia.