El Ayuntamiento cuestiona el desahucio ejecutado en Pedro Hidalgo

El desahucio de Jennifer y sus dos hijos menores, ejecutado este martes en el barrio de Pedro Hidalgo de Las Palmas de Gran Canaria, ha provocado un enfrentamiento político sobre la actuación judicial, la intervención de la Policía Local y la respuesta municipal. El lanzamiento se produjo con cargas policiales pese a que el informe de vulnerabilidad se había emitido esa misma mañana.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, afirmó en la Comisión de Pleno que la imagen ofrecida por la Policía Local fue «fea», aunque defendió que los agentes actuaron bajo las órdenes de la autoridad judicial y como policía judicial. Los efectivos disolvieron un piquete del colectivo Derecho al techo para permitir la entrada a la vivienda de la calle Hoya del Rosario.

Según el relato incluido en la comisión, los agentes agarraron de manos y pies y arrastraron a personas que se manifestaban de forma pacífica. La vecina desahuciada sufrió un amago de desmayo y no pudo ser atendida por los sanitarios. Íñiguez reclamó una reflexión y señaló que, aunque las actuaciones puedan ajustarse a derecho, «no parece razonable ni justo que se desahucie a una familia sin alternativa».

La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, también atribuyó el desenlace al juzgado y sostuvo que la situación se podía haber evitado. Aseguró que el Ayuntamiento remitió el informe de vulnerabilidad esa misma mañana, antes de que la procuradora se personara en el lugar, y reclamó explicaciones a la autoridad judicial.

Vargas indicó que la familia está formada por Jennifer y sus hijos, de cuatro y 16 años, y afirmó que la vivienda fue tapiada sin retirar sus efectos personales. También explicó que en noviembre se había paralizado otro desahucio en ese domicilio y que el Consistorio conoció el nuevo lanzamiento el viernes anterior a través del Sindicato de Inquilinas.

La oposición criticó que el informe no se elaborara antes. La concejala del PP María Amador consideró evitable lo ocurrido y cuestionó la política de vivienda del Gobierno municipal, mientras que Jimena Delgado calificó de «inconcebible» que el documento se emitiera horas antes del lanzamiento. Podemos defendió su actuación y reivindicó las medidas de vivienda aprobadas durante su etapa en el Gobierno central.

Los sindicatos policiales respaldaron a los agentes. La Unión Sindical de Policías y Bomberos recordó que cumplir las órdenes judiciales es una obligación profesional, y CSIF calificó la intervención de «profesional, impecable y rigurosa», rechazando que fuera violenta y defendiendo que se desarrolló con proporcionalidad y contención.

Información elaborada a partir de La Provincia.