El caso Quórum investiga chats de trabajadores que amenazaban a menores migrantes con traslados a centros de Gran Canari

El sumario del caso Quórum, que instruye el magistrado Tomás Martín, recoge conversaciones entre trabajadores de Quórum Social 77 en las que se describe el miedo que algunos centros de acogida de menores migrantes provocaban en los jóvenes. Según la documentación, el traslado a instalaciones como La Fortaleza I, en Bandama, era un castigo habitual para los chicos considerados más conflictivos.

Uno de los mensajes más llamativos es el que compara el centro de Salinetas con Auschwitz. Según el texto, en un grupo de WhatsApp titulado «Incidencias graves Gran Canaria», Rafael Cazorla, detenido en mayo de 2025 tras el registro de la Policía Canaria en el centro de Bandama, escribió que «Salinetas es Auswitch», y otro trabajador propuso que, si en el futuro se repetían determinados comportamientos, los menores irían «para abajo» si la presidenta de la entidad, Delia García, lo autorizaba.

En agosto de 2024, según el sumario, un trabajador preguntó a García si podían llevar a dos o tres menores a Bandama «a pasar el día», no como castigo sino para que vieran la diferencia con lo que tenían, y García respondió «Sí se puede». Delia García es una de las investigadas en la causa.

Los documentos también reflejan que, la noche del 1 de agosto de 2024, García y Aroa Quintana, otra de las detenidas tras el registro de La Fortaleza I, debatieron el traslado de un grupo de menores. Quintana describió que algunos chicos estaban «llorando» y propuso «1 día en tiempo fuera», expresión con la que, según el sumario, se denominaba a una habitación o celda de aislamiento.

Según el texto, el sumario describe que la entidad disponía de espacios sin cámaras de vigilancia, como baños o cuartos, que funcionaban como celdas de castigo, donde los menores presuntamente sufrían encierros prolongados, aislamiento y agresiones físicas. Un mensaje de 2022 de Quintana pedía dejar de llamar «baños» a estas zonas en los avisos internos.

La causa, que se sigue en los juzgados, investiga presuntos malos tratos a menores acogidos en centros de la entidad en Canarias. Al tratarse de un asunto de ámbito provincial, su relevancia para Las Palmas de Gran Canaria radica en que los centros mencionados se ubican en la provincia, aunque el texto no aporta datos concretos sobre instalaciones de la capital.

Información elaborada a partir de La Provincia.