El Gobierno retoma con Junts el decreto de vivienda tras un desahucio en Madrid

El Gobierno ha reactivado las negociaciones con Junts para aprobar un nuevo decreto de vivienda después del desahucio en Madrid de Maricarmen, una mujer de 87 años que no disponía de alternativa habitacional. El Ejecutivo intentó convalidar medidas similares en dos ocasiones, pero ambas iniciativas fueron rechazadas en el Congreso.

Fuentes del Ministerio de Vivienda y de Junts confirman el intercambio de propuestas para superar el veto de la formación de Carles Puigdemont, cuyos votos son necesarios para alcanzar la mayoría. Junts asegura que el PSOE está estudiando las iniciativas que ya había presentado y confía en que puedan reunir los apoyos suficientes.

La negociación genera distintas posiciones entre los aliados del Gobierno. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, considera un «error» que Junts marque los límites en materia de vivienda, mientras que EH Bildu admite la complejidad de la aritmética parlamentaria y se muestra dispuesto a aceptar medidas que no comparte para aprobar el decreto.

Sumar reclama que el texto llegue al Consejo de Ministros del próximo martes y después al Congreso, incluso aunque los apoyos no estén garantizados. Los ministros Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun han defendido que incluya medidas para frenar los desahucios. Pedro Sánchez, que calificó el caso de Maricarmen como una «tragedia social», no ha fijado una fecha y ha reclamado también el compromiso del Parlamento.

El Ministerio de Vivienda sostiene que la propuesta no sería exactamente una moratoria temporal, sino una solución estructural. El borrador planteaba que los jueces pudieran mantener suspendido un desahucio cuando una persona vulnerable no tuviera alternativa habitacional y las administraciones no hubieran ofrecido una solución, con diferencias según se tratara de un pequeño propietario, una persona jurídica o un gran tenedor.

La decisión se sigue con interés también en Las Palmas de Gran Canaria, como capital de Canarias, por el impacto que cualquier cambio estatal en materia de vivienda y desahucios puede tener sobre los hogares vulnerables y las administraciones públicas, aunque el caso que ha reactivado la negociación ocurrió en Madrid.

Información elaborada a partir de La Provincia.