El Supremo da 48 horas para decidir si escucha a los nacionalizados por la ley de nietos
El Supremo da 48 horas a las partes para alegar si debe escuchar a los nacionalizados por la ley de nietos antes de decidir sobre el censo exterior.
El Tribunal Supremo ha dado un plazo improrrogable de 48 horas, hasta las 15.00 horas del próximo jueves, para que las partes presenten alegaciones sobre si deben ser escuchadas las personas que obtuvieron la nacionalidad española de origen por la llamada ley de nietos y aún no figuran en el censo electoral de residentes ausentes en el extranjero (CERA), así como quienes ya están inscritos.
La medida se adopta mientras la Sala estudia si levanta la suspensión cautelar de esas inscripciones, acordada el pasado 8 de septiembre. El Supremo señala que necesita más información «habida cuenta del proceso de elecciones generales» previsto para el 29 de noviembre de 2026.
Las alegaciones deberán ser presentadas por la Junta Electoral Central, la Abogacía del Estado —que representa al Gobierno y al Instituto Nacional de Estadística—, el Ministerio Fiscal y los demandantes. El tribunal añade que considera necesario oír a los nacionalizados para valorar la válida y eficaz constitución de la relación jurídico-procesal, aunque ninguna de las partes lo había solicitado hasta ahora.
La suspensión afecta al derecho al voto de hijos y nietos de exiliados por la represión franquista que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la ley de Memoria Democrática, cuando no acrediten esa condición. El Supremo deliberaba desde este lunes sobre el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la medida cautelar.
Los demandantes —Iuistitia Europa, Vox y Hazte Oír— han pedido que se rechace el recurso y que se adopten instrucciones para garantizar la eficacia de las inscripciones en las elecciones generales. Entre sus peticiones figuran determinar qué registros del censo cerrado a 1 de agosto de 2026 están afectados, remitir un listado anonimizado con la provincia de asignación y solicitar una invitación temprana a la OSCE/OIDDH para evaluar las necesidades de observación del proceso electoral, incluido el voto exterior.
La decisión tiene alcance estatal y afecta al voto exterior, también de ciudadanos vinculados a Canarias, aunque el texto no detalla cuántas personas de la provincia de Las Palmas podrían verse afectadas.
Información elaborada a partir de La Provincia.