El Supremo mantiene la suspensión del voto para nacionalizados por la ley de nietos
El Supremo mantiene suspendidas las inscripciones en el CERA de nacionalizados por la ley de nietos sin acreditar descendencia de exiliados.
El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de reposición de la Abogacía del Estado y mantiene suspendidas las nuevas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática sin acreditar que descienden de exiliados.
La decisión afecta a unas 163.000 personas, según la cifra recogida en las resoluciones, y tiene impacto en las circunscripciones territoriales en las que figuren inscritas. El alto tribunal considera que la exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia del censo deben prevalecer sobre el derecho de sufragio de quienes no hayan acreditado las condiciones de su inscripción.
La Sala ha rechazado las alegaciones de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística, que apelaban a la imposibilidad material de comprobar quiénes descienden de exiliados. Los magistrados sostienen que no puede alegarse esa imposibilidad cuando el cumplimiento de la orden corresponde a la propia Administración.
La suspensión no se aplica a las personas que cuenten con una certificación de los Registros Consulares que acredite que, a fecha de 1 de agosto de 2026, eran descendientes de españoles de origen que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación e identidad sexual y perdieron o renunciaron a la nacionalidad española.
El Supremo ha ordenado publicar sus autos en el Tablón Edictal Judicial Único, el Boletín Oficial del Estado y los tablones de anuncios de los Registros Consulares para que las personas afectadas puedan personarse en el procedimiento. Tras la publicación en el BOE, la tramitación quedará suspendida durante cinco días.
La resolución se conoce ante la convocatoria electoral del próximo 29 de noviembre. Fuentes del Gobierno han indicado que estudiarán si la medida cautelar puede recurrirse ante el Tribunal Constitucional. La decisión es de ámbito estatal, pero afecta también a la participación electoral de españoles residentes en el exterior vinculados a circunscripciones de Canarias y, por tanto, al contexto político de Las Palmas de Gran Canaria.
Información elaborada a partir de La Provincia.