El TSJC defiende la legalidad del desahucio de una familia en Pedro Hidalgo

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello, ha defendido que el desahucio de una mujer y sus dos hijos en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, respetó «escrupulosamente la legalidad» y siguió «todos y cada uno de los pasos» del procedimiento.

Avello explicó que el lanzamiento se produjo tras una demanda del propietario basada en un contrato de arrendamiento, resuelta mediante una sentencia que, según afirmó, contó con «todas las garantías». También consideró «injusto» que las decisiones judiciales estén influenciadas por la presión social y sostuvo que la resolución fue «plenamente ajustada a la legalidad».

Sobre el informe de vulnerabilidad, el presidente del TSJC reconoció que no conocía «los detalles concretos del procedimiento», pero señaló que, si la jueza decidió continuar con el lanzamiento, fue porque «legalmente estaba obligada». Añadió que ningún juez decide voluntariamente dejar a alguien sin vivienda, sino que existe un conflicto entre el propietario que quiere recuperar el inmueble y la persona que no quiere abandonarlo.

La Comisión de Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria había cuestionado la actuación judicial y afirmó que el desahucio «podían haberlo parado», además de denunciar un supuesto «abuso de poder y de fuerza». La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, aseguró que el informe llegó al juzgado antes de que la procuradora acudiera al lugar y denunció que la vivienda fue tapiada sin retirar los efectos personales, incluidos los medicamentos de una menor de cuatro años.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, calificó el lanzamiento de «fea imagen» y afirmó que los agentes actuaron bajo órdenes judiciales y como Policía judicial. Por su parte, el colectivo Derecho al Techo reclama aclarar si se estudiaron las nuevas solicitudes de suspensión presentadas los días 1 y 8 de octubre y sostiene que el informe de vulnerabilidad se registró antes de la llegada de la comisión judicial, que, según su versión, se negó a recogerlo.

El colectivo considera que debe distinguirse entre la falta de título para ocupar una vivienda y el derecho a que se examine una solicitud de protección legal. Ante la presencia de menores, reclama una respuesta expresa y motivada sobre esa protección antes de ejecutar el lanzamiento.

Información elaborada a partir de La Provincia.