La crisis de la vivienda pone a prueba ocho años de políticas del Gobierno
La crisis de la vivienda reaviva las protestas y pone en cuestión las medidas aplicadas por el Gobierno durante los últimos ocho años.
El Gobierno de Pedro Sánchez afronta una nueva ola de protestas por la vivienda tras el desahucio de Maricarmen Abascal, ocurrido el pasado 23 de septiembre. El Ejecutivo ha enviado al Congreso dos decretos con medidas de protección frente a los desahucios, restricciones a las compras especulativas de fondos y cambios en la renovación de los alquileres, pero fueron rechazados con los votos de PP, Vox y Junts.
El presidente ha situado la vivienda en el centro de su estrategia ante las elecciones adelantadas del próximo 29 de noviembre. La cuestión se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del país por la subida de los alquileres, la falta de protección de los inquilinos, los desahucios y las dificultades para acceder a una casa.
En los últimos ocho años, el Gobierno ha aplicado distintas fórmulas. En 2019 amplió de tres a cinco años la duración mínima de los contratos de alquiler y en 2023 aprobó la Ley de Vivienda, que permite declarar zonas tensionadas y limitar los alquileres. Sin embargo, su aplicación ha sido desigual porque varias de sus herramientas dependen de las comunidades autónomas.
También se han limitado las actualizaciones de los alquileres, aprobado ayudas como el Bono Alquiler Joven y prorrogado medidas de protección frente a los desahucios. Estas actuaciones han ofrecido alivio puntual a algunos hogares, pero no han resuelto el desequilibrio entre la demanda y una oferta insuficiente de viviendas.
El Ejecutivo intentó facilitar nuevas promociones mediante una reforma de la Ley del Suelo, pero retiró el proyecto en 2024 por falta de apoyos parlamentarios. En la recta final, la transformación de SEPES en CASA47 y el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 pretenden dar al Estado un papel más activo en la construcción y gestión de vivienda pública y asequible.
El problema afecta también a los hogares de Canarias y forma parte del contexto social y político que se sigue desde Las Palmas de Gran Canaria, aunque el texto no aporta datos específicos sobre la ciudad. El artículo señala que el bloqueo parlamentario y la falta de oferta han limitado el alcance de las medidas aprobadas durante la legislatura.
Información elaborada a partir de La Provincia.