La IA y los deepfakes en campañas electorales plantean límites legales difusos

La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha cambiado la comunicación audiovisual: lo que antes exigía meses de edición e inversión puede hoy generarse en minutos mediante una simple instrucción. Clonar la voz de un líder político, animar su rostro o situarlo en un vídeo hiperrealista diciendo algo que nunca ocurrió son ejemplos de ello. Cuando estos deepfakes entran en la propaganda electoral, utilizando la imagen de los rivales, los límites entre sátira, libertad de expresión y manipulación ilegal se vuelven muy difusos, sobre todo porque aún no existe una jurisprudencia consolidada al respecto.

El artículo analiza hasta dónde es legal usar el rostro de un adversario político en un vídeo generado por IA. Según el texto, el ordenamiento español y el europeo intentan trazar la frontera entre el debate político legítimo y la infracción, pero se enfrentan ahora a problemáticas inéditas. El autor advierte de que las campañas se alejan del discurso racional para caer en un marketing de tono grosero, y que los analistas señalan que este tipo de contenidos resulta más eficaz para calar en el electorado.

En el plano jurídico, el texto recuerda que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo admiten que la crítica política pueda ser dura o incómoda, y que los cargos públicos deben tolerar un escrutinio mayor que un particular. Sin embargo, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen sigue siendo una barrera infranqueable, y el insulto o la difamación gratuita no están amparados por la libertad de expresión.

La Ley Orgánica 1/1982 distingue entre la caricatura o crítica, que puede estar permitida, y el uso promocional no consentido de la imagen de una persona, que constituye intromisión ilegítima. Según la jurisprudencia citada, un deepfake empleado como anuncio electoral para beneficiar la propia candidatura se acerca mucho a esa infracción publicitaria. Además, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General endurece las penas por calumnia e injuria cometidas durante la campaña.

El Reglamento europeo de Inteligencia Artificial obliga a advertir de forma clara cuando un contenido de imagen, audio o vídeo ha sido generado o manipulado artificialmente. Ocultar ese origen en un spot político puede acarrear sanciones administrativas y reforzar la mala fe ante los tribunales. El texto recuerda también que el Tribunal Constitucional anuló en 2019 la recopilación masiva de opiniones políticas por parte de los partidos, por lo que la microsegmentación de anuncios según la ideología inferida de los electores choca con esa doctrina.

En conjunto, el artículo concluye que la legislación no prohíbe el uso de la IA en la contienda política, pero rechaza la idea de un vacío legal en las redes sociales. Cuando un deepfake deja de ser una broma reconocible para convertirse en desinformación electoral o en publicidad no autorizada, los tribunales disponen de herramientas para frenar el abuso. Aunque la información procede de un análisis de ámbito provincial, su alcance interesa también a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, como capital de la provincia.

Información elaborada a partir de La Provincia.