La investigación por las Jornadas del Paisaje apunta a siete posibles acusados

El Juzgado de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado la investigación sobre las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria, celebradas entre 2016 y 2019, y ve indicios de delitos en la actuación de la consejera insular Inés Miranda y otros seis cargos y empresarios. La causa aún no ha llegado a juicio.

En un auto fechado el 3 de octubre, el juez Alberto Puebla da diez días a la Fiscalía y al resto de acusaciones para pedir la apertura de juicio oral, solicitar el archivo o reclamar diligencias complementarias de forma excepcional.

Según la resolución, los investigados se habrían concertado para organizar las jornadas mediante varios contratos menores que aparentaban ajustarse a la normativa, pero que habrían permitido adjudicar los trabajos a personas previamente seleccionadas y evitar una mayor publicidad de los encargos.

El instructor sostiene que la organización de las jornadas de 2016 a 2018 recayó en una empresa administrada por la esposa del entonces interventor general del Cabildo, José Juan Sánchez Arencibia. Los contratos se formalizaron con el Instituto Canario de Telecomunicaciones y, en 2019, con Yedra Comunicación, aunque buena parte de los fondos habría terminado en Imaco 89.

El auto detalla que Imaco 89 recibió 44.503,75 euros de los 67.217,40 abonados por el Cabildo al Instituto Canario de Telecomunicaciones. En 2019, Yedra Comunicación percibió 14.950 euros, de los que 14.924,24 acabaron en Imaco 89. El juez aprecia además un posible perjuicio al erario de al menos 11.000 euros por el reparto de ingresos de patrocinios que, según la resolución, no se incorporaron a las cuentas del Cabildo.

Además de Miranda y Sánchez Arencibia, están investigados tres administradores de las empresas implicadas, el entonces director general de Política Territorial, Rafael Pedrero, y el entonces director del Desarrollo Estratégico del PIO/GC, Víctor Quevedo. El juez aprecia indicios de prevaricación administrativa, malversación y fraude a la Administración, así como un posible delito de negociaciones prohibidas para el entonces interventor. El auto puede recurrirse en reforma y, subsidiariamente, en apelación en un plazo de tres días.

Información elaborada a partir de La Provincia.