La Justicia avala el horario 2026-2029 de la Policía Local capitalina
La Justicia rechaza el recurso de la exjefa de la Policía Local de Las Palmas contra el acuerdo horario de 2026 a 2029.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado el recurso de la exjefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Delia Martín Mederos, contra la instrucción general de horarios del cuerpo para el periodo 2026-2029. La sentencia, dictada el 20 de octubre, inadmite por falta de legitimación la mayoría de sus objeciones y desestima el único asunto analizado en profundidad: el régimen provisional de la Escala Superior.
Martín Mederos presentó la demanda el 19 de febrero, cuando todavía dirigía la Policía Local, contra la resolución que aprobó la instrucción pactada por el Ayuntamiento y las organizaciones sindicales. El acuerdo, alcanzado en octubre de 2025, regula las jornadas, los turnos, los descansos y las compensaciones de los agentes durante los próximos cuatro años.
La exjefa cuestionaba que el texto incluyera aspectos de organización interna, como la configuración de unidades y la atribución de funciones, además de materias que consideraba ajenas a la negociación colectiva. El magistrado entiende que planteó esas cuestiones en su condición de jefa, un órgano de la propia Administración sin legitimación para recurrir judicialmente un acuerdo municipal en defensa de esas competencias.
El juzgado sí reconoce su legitimación como integrante de la Escala Superior, pero rechaza que la aplicación provisional de la instrucción general implique discriminación, indefensión o desigualdad. La sentencia señala que las funciones y exigencias de cualificación de esta escala pueden justificar una regulación horaria específica en el futuro, dentro de la potestad de autoorganización del Ayuntamiento.
La Unión Sindical de Policía y Bomberos y CSIF valoraron positivamente el fallo. La USPB sostiene que Martín Mederos «nunca debió demandar ese acuerdo», mientras que CSIF reivindica la «buena fe negociadora» y reclama al Ayuntamiento el abono del plus de atestados y del plus de tiro, publicados oficialmente el 7 de agosto pero todavía pendientes de pago, según el sindicato.
La resolución impone las costas a Martín Mederos, con un límite de 300 euros para el Ayuntamiento y la misma cantidad para cada parte codemandada presente en la vista. La sentencia no es firme y puede recurrirse en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un plazo de quince días.
Información elaborada a partir de La Provincia.