La Justicia ordena cerrar una puerta privada a una piscina comunitaria

La Corte de Apelación de Aix-en-Provence ha confirmado que el propietario de una vivienda deberá cerrar la puerta que conectaba su terraza directamente con la piscina comunitaria y devolver las zonas comunes a su estado anterior. La resolución fue dictada el 11 de junio de 2026.

El hombre adquirió en 2017 una propiedad formada por dos apartamentos, dos sótanos y dos plazas de aparcamiento. La puerta ya existía, pero el permiso concedido al anterior propietario era temporal y debía finalizar con la venta. Además, la escritura establecía que el acceso tendría que quedar inutilizado tras la operación.

El nuevo dueño se comprometió a pedir otra autorización a la junta de propietarios, aunque nunca lo hizo y continuó utilizando la puerta para llegar a la piscina. El conflicto acabó en los tribunales después de que demandara a la comunidad por otro desacuerdo sobre el reparto de los gastos del ascensor.

El propietario alegó que la puerta llevaba años instalada y que tanto él como su pareja tenían problemas de movilidad. El tribunal rechazó el argumento al considerar que la obra no mejoraba el acceso a la vivienda, sino que permitía llegar directamente a un equipamiento común sin seguir el recorrido establecido para el resto de residentes.

Aunque el caso procede de Francia, una actuación similar tampoco podría ejecutarse unilateralmente en una comunidad de propietarios de Las Palmas de Gran Canaria ni del resto de Canarias. La Ley de Propiedad Horizontal impide alterar por iniciativa propia elementos comunes como cerramientos, fachadas u otras partes del edificio. En estos casos, el propietario debe comunicar el proyecto y obtener previamente la aprobación de la comunidad, además de los permisos municipales que puedan resultar necesarios.

La sentencia francesa considera que mantener la puerta suponía apropiarse de una parte común. El propietario deberá cerrarla y reponer la zona a su configuración anterior, con una penalización económica si no cumple la orden. En España, la comunidad también podría exigir judicialmente el cierre de un acceso abierto sin autorización.

Información elaborada a partir de La Provincia.