Las comunidades deberán afrontar obras de accesibilidad si hay ayudas suficientes

La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal entrará en vigor el 23 de octubre y reforzará la obligación de las comunidades de propietarios de ejecutar obras de accesibilidad cuando las solicite una persona mayor de 70 años o con discapacidad y se cumplan los requisitos legales.

La modificación afecta a actuaciones como la instalación de ascensores, rampas, salvaescaleras y otros dispositivos destinados a eliminar barreras arquitectónicas. Si las subvenciones concedidas alcanzan el 70% del coste de la obra, la comunidad estará obligada a realizarla, sin aplicar los límites económicos previstos en la ley.

Además, cuando el propietario que solicite la actuación aporte información sobre convocatorias de ayudas públicas a las que pueda concurrir el edificio, la comunidad deberá pedirlas. El coste de las obras podrá repartirse durante los años que permitan las opciones de financiación disponibles.

Las actuaciones serán obligatorias cuando la cantidad anual que corresponda pagar a cada propietario no supere 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, una vez descontadas las ayudas. También podrán ejecutarse si se supera ese límite o las subvenciones no alcanzan el 70%, siempre que quienes las hayan solicitado asuman la parte pendiente.

El gasto se distribuirá conforme a las cuotas de participación y a los acuerdos o previsiones estatutarias válidos. Vivir en un bajo o no utilizar habitualmente el ascensor no exime automáticamente del pago.

Si la comunidad no lleva a cabo una obra obligatoria pese a cumplirse las condiciones legales, la persona interesada podrá acudir a la Justicia para solicitar que se ordene su ejecución. La medida afecta a los edificios de la provincia de Las Palmas, incluida la capital grancanaria, aunque el texto no concreta actuaciones en comunidades determinadas.

Información elaborada a partir de La Provincia.