Los abuelos de una menor logran el desahucio de la exnovia de su hijo pese al uso de la vivienda

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona confirma la extinción de un contrato de alquiler y la orden de desahucio de una mujer y su hija, que vivían en un piso propiedad de los abuelos de la menor, aunque a la madre se le había atribuido judicialmente el uso de la vivienda familiar. La resolución, que se enmarca en el derecho civil catalán, pone de relieve que el uso de la casa queda sujeto a las condiciones del título por el que se ocupa.

El contrato se firmó en enero de 2015 y figuraba a nombre de la mujer. Durante la convivencia, compartió el piso con el hijo de los propietarios y la hija de ambos. Tras la ruptura, él abandonó el domicilio y ella permaneció allí con la menor. Cuando los arrendadores comunicaron que no iban a continuar con el alquiler, la inquilina se quedó en la vivienda.

La mujer alegó que tenía concedidas la guarda y custodia de su hija y el uso del domicilio familiar, que sus ingresos eran inferiores al salario mínimo y que no disponía de una alternativa residencial. El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Barcelona estimó la demanda de los propietarios y la Audiencia confirmó después esa decisión.

Los magistrados aplicaron los artículos 233-21.2 y 234-8.4 del Código Civil de Cataluña, según los cuales el uso de una vivienda familiar ocupada con un título distinto de la propiedad queda sujeto a las condiciones de ese título. La atribución judicial del uso no obligaba a los abuelos a prolongar el alquiler una vez vencido. La Audiencia también rechazó que el pago de las rentas por parte de la expareja convirtiera a esta en arrendataria, o que la tolerancia ante los impagos supusiera una cesión gratuita de la casa. Los propietarios no reclamaban en este procedimiento las rentas pendientes, sino la finalización del contrato por vencimiento del plazo.

Durante el procedimiento, los propietarios ofrecieron otra vivienda con una renta escalonada de 450 euros mensuales el primer año, 550 el segundo y 650 a partir del tercero, pero no se llegó a un acuerdo. La sentencia confirma la obligación de dejar libre el inmueble y deja abierta la posibilidad de presentar recurso de casación. La información examinada no indica que el lanzamiento se haya ejecutado.

Aunque el caso se ha juzgado en Barcelona, la noticia interesa a las familias de Canarias, incluidas las de Las Palmas de Gran Canaria, que se planteen alquilar una vivienda a sus hijos, ya que muestra que la atribución del uso de un domicilio tras una separación no equivale por sí sola a tener derecho a seguir en un piso arrendado.

Información elaborada a partir de La Provincia.