Mariano López Molina, elegido nuevo representante judicial de Las Palmas
Mariano López Molina es elegido nuevo representante judicial del partido de Las Palmas de Gran Canaria con 27 de 37 votos.
El magistrado Mariano López Molina ha sido elegido por sus compañeros como presidente del Tribunal de Instancia del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, una figura equivalente al juez decano antes de la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia. Su candidatura, la única presentada, obtuvo 27 votos de los 37 magistrados y magistradas participantes, frente a nueve votos en blanco y uno nulo.
López Molina ocupará la plaza que quedó vacante tras el nombramiento de Juan Avello Formoso como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El nuevo representante ejercerá en el partido judicial más grande del Archipiélago, que incluye Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y San Mateo, y cuya planta judicial está integrada por 60 personas.
La elección se ha celebrado menos de un año después del proceso anterior. Avello alcanzó en noviembre de 2025 el límite de cuatro años como juez decano y fue reelegido, pero posteriormente optó a la presidencia del TSJC, cargo del que tomó posesión el pasado mes de julio. Desde entonces, Ana Isabel de Vega Serrano ejercía como decana en funciones, aunque actualmente se encuentra de permiso. La representación provisional la asume Alberto Puebla Contreras.
López Molina ejerce en Gran Canaria desde 2009, cuando obtuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arucas. Posteriormente dirigió los juzgados de Primera Instancia de San Bartolomé de Tirajana y Telde, antes de incorporarse a Las Palmas de Gran Canaria, donde pasó por el Juzgado de Primera Instancia número 8 y, después, a la plaza número 4 de la Sección Penal, que ocupa actualmente.
El magistrado ha señalado que se encuentra en un momento profesional oportuno para asumir la responsabilidad y que es consciente de los retos de la Justicia y de sus compañeros. Entre sus prioridades figuran agilizar los procedimientos, mejorar la coordinación entre los órganos judiciales y consolidar un modelo en el que el juez tenga un papel central.
También defiende que la implantación de los tribunales de instancia debe mejorar de forma real el servicio a la ciudadanía y no limitarse a un cambio de denominación. Para ello, apuesta por optimizar los medios materiales y personales y por una gestión eficiente que incorpore las aportaciones de fiscales, abogados y procuradores.
Información elaborada a partir de La Provincia.