Una familia deberá dejar su vivienda tras invertir 40.000 euros en reformarla

Una familia tendrá que abandonar una vivienda de alquiler con opción a compra tras una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, pese a haber destinado 40.000 euros a reformarla. El tribunal reconoce su derecho a recuperar ese dinero, más los intereses legales, pero no les permite exigir la compraventa.

El acuerdo se firmó en marzo de 2017 por un precio de 310.000 euros. Los propietarios debían inscribir primero el inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad y, después, los inquilinos dispondrían de seis meses para ejercer la opción de compra. Aunque una sentencia de 2021 reconoció la propiedad de los arrendadores, la inscripción continuó pendiente.

En octubre de 2022, los ocupantes comunicaron mediante burofax su voluntad de comprar y reclamaron que se completaran las gestiones necesarias. Sin embargo, la Audiencia Provincial consideró que no habían acreditado estar al corriente de las rentas y otras cantidades, que ascendían a 65.730,84 euros. El ingreso de esa cantidad en el juzgado al presentar la demanda no fue suficiente, según el tribunal, para considerar correctamente ejercida la opción.

La sentencia también tuvo en cuenta que uno de los propietarios necesitaba recuperar la vivienda para residir en ella tras su divorcio. La Audiencia entendió que esa necesidad estaba justificada y declaró resuelto el contrato, ordenando a los ocupantes dejar el inmueble libre, con apercibimiento de desalojo en caso de incumplimiento.

Respecto a las obras, el contrato establecía que los arrendadores devolverían los 40.000 euros si la opción de compra no podía ejercerse por problemas administrativos. Como los propietarios tampoco cumplieron su obligación de inscribir la vivienda, el tribunal ordenó reintegrar esa cantidad junto con los intereses legales desde la presentación de la demanda. La resolución no implica que la familia ya haya cobrado.

El caso, difundido en un medio de referencia para Canarias y de interés para quienes valoran esta fórmula desde Las Palmas de Gran Canaria, subraya la importancia de dejar por escrito las condiciones de compra, los plazos, las obligaciones de pago y quién asumirá las reformas si la operación no llega a completarse. La Ley de Arrendamientos Urbanos exige además el consentimiento escrito del arrendador para realizar obras que modifiquen la vivienda.

Información elaborada a partir de La Provincia.