El Constitucional anula parte de la ley valenciana para proteger poblados costeros

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales varios preceptos fundamentales de la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana. La norma buscaba facilitar la conservación de viviendas tradicionales en enclaves como Babilonia, en Guardamar del Segura; Morro de Gos, en Oropesa; y los poblados marítimos de Moncofa y Nules.

Wences Alós Valls, alcalde de Moncofa y ponente de la ley, ha calificado la sentencia de «grave revés» y ha denunciado una «clara voluntad de derribo» por parte del Gobierno central, que presentó el recurso contra la normativa autonómica.

La resolución anula el artículo 17 y la disposición final primera en lo relativo al dominio público marítimo-terrestre, además de la disposición adicional cuarta. Según Alós Valls, la decisión reduce las posibilidades de la Generalitat para conservar conjuntos litorales de valor histórico, cultural y etnológico, y deja a estas viviendas con menos vías de protección frente a posibles órdenes de demolición.

El alcalde también ha criticado que la Generalitat y las poblaciones afectadas no hubieran recibido todavía la sentencia, mientras que su contenido sí se había trasladado a los medios de comunicación. Además, ha señalado que cuatro magistrados del Constitucional han emitido votos particulares.

Alós Valls sostiene que había dos alternativas para proteger estos poblados: la legislación valenciana, parcialmente anulada tras el recurso, y una reforma de la Ley de Costas estatal cuya tramitación en el Congreso acumula, según sus palabras, casi 1.000 días de prórrogas en el plazo de enmiendas. La sentencia afecta a un problema que se extiende por distintos puntos de la costa valenciana, entre ellos Dénia, Xilxes, Almassora y Guardamar del Segura.

Para el alcalde de Moncofa, el fallo supone «un jarro de agua fría para las poblaciones costeras» y hace necesario un cambio del Gobierno central para garantizar la continuidad de estos enclaves. La decisión tiene interés para Valencia como capital autonómica porque afecta al marco legal de protección del litoral de toda la Comunitat Valenciana.

Información elaborada a partir de Las Provincias.