Huelga general del 11 de noviembre: qué derechos tienen los trabajadores y cómo afecta a la nómina

El miércoles 11 de noviembre está convocada una huelga general en España, el primer paro total de ámbito estatal en los últimos 14 años. Los sindicatos mayoritarios, varios sindicatos minoritarios y el movimiento de inquilinos han llamado a movilizarse para reclamar alquileres más bajos y salarios más altos, entre otras demandas. Un paro que alterará la actividad de muchas empresas y que puede generar conflictos entre trabajadores y compañías.

Por norma general, ningún trabajador está obligado a informar a su empresa de si secundará o no la huelga. La dirección deberá organizar ese día sin saber cuántas personas acudirán, con independencia de si el empleado atiende al público, coordina equipos o desempeña otra función.

La empresa tampoco puede obligar a un trabajador a acudir a su puesto durante la huelga, salvo que esté incluido en los servicios mínimos. Estos los fija la administración y suelen afectar a sectores públicos como sanidad, educación, policía o bomberos, así como a algunas empresas privadas que prestan servicios esenciales, como el transporte interurbano por contrata pública o las aerolíneas. Según el texto, en el sector aéreo esa competencia corresponde al Ministerio de Transporte. Una empresa no puede establecer por sí misma sus propios servicios mínimos.

Quienes no formen parte de los servicios mínimos pueden secundar la huelga sin que la empresa los sancione: no puede anotarles una falta de asistencia, retirarles un plus, apartarlos de sus funciones, degradarlos ni despedirlos. Si ocurriera, el trabajador podría acudir a los tribunales, y esas medidas serían nulas con derecho a indemnización.

Las dificultades de movilidad y los posibles piquetes pueden impedir que algunos empleados lleguen a su puesto. En ese caso, el artículo 37.3.g del Estatuto de los Trabajadores reconoce un permiso retribuido de hasta cuatro días, siempre que el trabajador demuestre que no tenía otra forma razonable de llegar al trabajo. Respecto al teletrabajo, la empresa no puede imponerlo ni suprimirlo unilateralmente para controlar quién hace huelga, y el trabajador tampoco puede exigirlo si no está pactado. Sí rige lo acordado previamente: si el empleado tiene reconocido teletrabajar uno o más días a la semana, puede hacerlo ese día sin que la empresa se lo impida sin una razón justificada.

Secundar la huelga tiene un coste económico. El trabajador deja de cobrar ese día y, si sus pagas extras no están prorrateadas, también la parte proporcional correspondiente. Según explican desde el Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, para calcularlo hay que dividir el salario bruto anual entre 360. Con un sueldo de 2.000 euros brutos al mes (24.000 euros al año), la pérdida sería de unos 67 euros. Además, la empresa no cotiza por ese día, lo que reduce ligeramente las cotizaciones y, por tanto, la futura pensión y las prestaciones por desempleo.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.