Un hombre de 60 años lleva cuatro esperando el Ingreso Mínimo Vital por la saturación de Servicios Sociales
Un vecino de 60 años lleva cuatro años sin lograr el Ingreso Mínimo Vital por la falta de un certificado de exclusión social en Servicios Sociales.
Juan Carlos Martínez, de 60 años y en paro de larga duración desde 2012, vive con 480 euros al mes y afronta el alquiler, la tutela compartida de su hijo, con un 78% de discapacidad, y la aportación para el cuidado de su madre, dependiente total. Lleva cuatro años intentando obtener el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda a la que asegura tener derecho, sin conseguirlo.
El problema, según explica, es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le exige un certificado de exclusión social que sólo pueden expedir los servicios sociales municipales. Tras tres solicitudes presentadas en el último año, la Administración le ha denegado la ayuda por falta de documentación. La última tramitación fue en junio y la cita en los Servicios Sociales Municipales está fijada para el 28 de diciembre, cuando el plazo volverá a vencer sin que pueda aportar lo requerido.
Martínez relata que los servicios sociales le emitieron un informe genérico de vulnerabilidad socioeconómica, que no es el que pide el INSS, después de que le indicaran que no se expiden certificados de exclusión social para ningún trámite. Según su relato, una solicitud de enero de 2026 tardó dos meses sólo en generar expediente. También denuncia que, tras acudir en persona en agosto, la cita telefónica que le dieron en el Centro Municipal de Servicios Sociales Quatre Carreres, en València, fue para el 7 de octubre, 51 días después.
El hombre sostiene que cuenta con 90 euros para todo el mes de noviembre y que ha agotado sus ahorros tras años de búsqueda de empleo sin éxito. "El IMV está planteado de una manera que, en realidad, lo hace inaccesible", afirma, y critica que la saturación de los servicios sociales acabe bloqueando una ayuda pensada para las personas más necesitadas.
La situación de Martínez ilustra, según la información publicada, las dificultades que encuentran en la provincia de Valencia quienes dependen de los servicios sociales municipales para tramitar prestaciones estatales, en un contexto de alta demanda y largos tiempos de respuesta.
Información elaborada a partir de Levante-EMV.