Sanidad reclama medidas contra Madrid por no crear el registro de objetores

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a la Abogacía del Estado que adopte las medidas necesarias para obligar a la Comunidad de Madrid a cumplir la ley y crear el registro de profesionales objetores al aborto.

García ha explicado que, a 1 de septiembre, Madrid no había avanzado más allá de los trámites iniciales, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le ordenó en marzo iniciar los procedimientos administrativos necesarios para elaborar y aprobar el registro.

La resolución del TSJM se produjo tras un recurso contencioso-administrativo presentado por la Abogacía del Estado contra la inactividad de la Administración autonómica en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la normativa sobre salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo.

La ministra ha anunciado la solicitud durante la presentación de una campaña destinada a combatir el estigma y la culpa asociados al aborto y a reivindicar el derecho a acceder a esta prestación en la sanidad pública. Según ha señalado, en 2024 casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados, porcentaje que en la Comunidad de Madrid alcanzó el 99%.

García ha defendido que la objeción de conciencia es un derecho individual, pero ha advertido de que debe organizarse de forma compatible con el acceso efectivo a la prestación. También ha reclamado más organización, formación, profesionales, circuitos claros e información sobre los métodos disponibles.

La campaña sostiene que las mujeres tienen derecho a decidir y a recibir acompañamiento de la sanidad pública, sin sentirse culpables. La ministra ha subrayado que cada mujer puede vivir el aborto de una manera distinta y que todas deben ser escuchadas y atendidas con el mismo respeto.

Información elaborada a partir de La Opinión de Zamora.