El personal de la Audiencia de Zaragoza denuncia jornadas de 15 horas en los juicios con jurado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado las duras condiciones laborales que sufre el personal funcionario de la Audiencia Provincial de Zaragoza asignado a los procedimientos del tribunal del jurado. Según el sindicato, los trabajadores deben afrontar jornadas continuadas de hasta 15 horas durante las deliberaciones del jurado popular, sin una regulación sobre descansos y sin ninguna compensación económica adicional.

CSIF explica que los juicios con jurado se reanudaron en septiembre, tras el parón provocado por la implantación de la Nueva Oficina Judicial, y que su frecuencia media es de dos vistas al mes, lo que ha aumentado de forma considerable la carga de trabajo en la sede judicial. Durante estos juicios, el personal debe permanecer en su puesto mientras el jurado delibera, sin pautas fijadas sobre tiempos de permanencia, turnos para comer o descansos posteriores.

El sindicato cita un episodio reciente en el que las trabajadoras cubrieron un turno continuado de más de 15 horas, desde las 7.20 hasta las 22.45, con la obligación de reincorporarse a su puesto a primera hora de la mañana siguiente y sin percibir gratificación alguna por las horas extraordinarias.

La sobrecarga afecta especialmente al Servicio Común de Registro y Reparto de la Audiencia, integrado por cinco funcionarias que deben tramitar las vistas con jurado de las tres secciones penales, además de sus tareas ordinarias, la preparación de procesos electorales y la gestión bienal del sorteo y citación de candidatos a jurado. CSIF recuerda que en comunidades como Cataluña la plantilla sí cuenta con complementos económicos específicos para estas funciones.

Irene de la Riva, presidenta de CSIF Justicia Aragón, subraya que la celebración de juicios con jurado es una obligación del servicio público de Justicia, pero que su funcionamiento no puede sostenerse a costa del descanso y del esfuerzo extraordinario de quienes lo hacen posible.

Ante este escenario, la organización exige a la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón una regulación urgente del servicio que garantice descansos mínimos y reconozca económicamente la disponibilidad y la prolongación de jornada.

Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.