La Fiscalía Europea abre una segunda investigación por posible fraude en fondos de la alta velocidad Madrid-Sevilla

La Fiscalía Europea ha abierto de oficio, tras la catástrofe de Urda, una segunda investigación por un posible fraude en el uso de fondos europeos destinados a mejorar la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Ya existían diligencias previas abiertas en marzo por las mejoras en el tramo de Adamuz (Córdoba), en la zona donde se produjo el siniestro ferroviario, y ahora se suman las nuevas pesquisas.

La Fiscalía Europea tiene su sede en Luxemburgo, pero sus investigaciones las llevan fiscales delegados en los países de la Unión. En el marco de estas diligencias, que se practican en secreto, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas, donde se ha recabado información sobre ayudas públicas concedidas para modernizar los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones del tramo del choque de trenes del 28 de octubre.

La UCO colabora con la Fiscalía Europea desde el mismo momento del accidente y ya trabaja en las causas judiciales abiertas por los accidentes de Montoro (Córdoba) y Orgaz (Toledo), lo que facilita el intercambio de información. El órgano europeo puede pedir y analizar documentación de las entidades que han recibido fondos comunitarios, así como llamar a declarar a testigos e investigados.

En el caso de Adamuz, las pesquisas avanzan, aunque todavía no se ha citado a nadie como testigo ni como investigado. Respecto a Urda, habrá que esperar al análisis de la documentación incautada antes de decidir los siguientes pasos. Según la información publicada, ambos expedientes pueden prolongarse durante meses o incluso años antes de determinar si se judicializan.

Si los fiscales encuentran indicios de que parte de los fondos destinados a las líneas de alta velocidad del corredor andaluz se desviaron, el asunto llegaría a juicio en la Audiencia Nacional. Cuando se deban adoptar decisiones que afecten a derechos fundamentales de los investigados, intervendría un juez de garantías, función que en España ejercen los magistrados de instrucción de la Audiencia Nacional.

Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.