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El alquiler exigirá seis meses de aviso para no renovar desde noviembre

Los propietarios deberán avisar con seis meses de antelación para no renovar alquileres desde el 15 de noviembre, si el Parlamento convalida la norma.

Redacción automática · Alicantet 2 min de lectura

Los propietarios deberán avisar con al menos seis meses de antelación si no quieren renovar un contrato de alquiler, frente a los cuatro meses actuales, según el Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre. La medida está prevista para el 15 de noviembre de 2026, aunque todavía debe ser convalidada por el Parlamento.

El cambio modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y afecta a los contratos de vivienda habitual sujetos a esta norma. El plazo de preaviso para los inquilinos se mantiene en dos meses.

Si el propietario no comunica correctamente su decisión una vez cumplido el periodo mínimo del contrato, el alquiler podrá prorrogarse obligatoriamente por periodos sucesivos de cinco años cuando el arrendador sea una persona física, o de siete años si es una empresa u otra persona jurídica.

La reforma se aplicará, como regla general, después de cinco años desde la firma del contrato si el arrendador es una persona física, o de siete años cuando sea una persona jurídica. Además, las disposiciones transitorias contemplan determinados contratos que ya están en vigor.

Los contratos que se encuentren en prórroga tácita conforme a la regulación anterior continuarán en ella hasta que finalice. También conservarán su validez las notificaciones de no renovación realizadas correctamente antes de la publicación de la norma. Para contratos próximos a vencer cuando entre en vigor la reforma, se permitirá un preaviso mínimo de cuatro meses si quedan menos de seis meses para la fecha de finalización.

La modificación también afecta a los hogares de Alicantet, como capital provincial, ya que propietarios e inquilinos deberán revisar las fechas de sus contratos, las prórrogas aplicables y la forma de acreditar las comunicaciones. La entrada en vigor definitiva dependerá de la convalidación parlamentaria.

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