El Gobierno pide al Consejo de Estado su dictamen sobre el decreto de centros de datos antes del 5 de noviembre

El Gobierno ha remitido al Consejo de Estado una nueva versión del real decreto que regulará los nuevos centros de datos y ha pedido que el órgano emita su dictamen antes del jueves 5 de noviembre, apenas una semana y media después de recibir el texto. El Consejo de Ministros del pasado martes acordó esta petición, que acorta al mínimo los plazos de tramitación, ya que la normativa se está tramitando por la vía de urgencia.

El Ejecutivo ha reelaborado el borrador para suavizar parcialmente las exigencias ambientales y de seguridad digital, tras las críticas del sector tecnológico y del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que pedía moderar algunas obligaciones. El objetivo declarado es aprobar el decreto antes de las elecciones del 29 de noviembre o, si no fuera posible, tras los comicios en funciones, siempre que la Abogacía del Estado dé su visto bueno.

La nueva versión mantiene la intención de filtrar la avalancha de proyectos de centros de datos en España para que sigan adelante solo los más sostenibles. Según el texto, las instalaciones tendrán cinco años para cumplir la obligación de que el 80% de su electricidad sea renovable, a cambio de que Red Eléctrica pueda ordenar su desconexión si es necesario para evitar problemas en el sistema eléctrico. Además, los requisitos verdes se limitarán a los centros de más de 10 megavatios, frente a los más de 1 megavatio de la primera versión.

El sector tecnológico ha reaccionado con dureza. Los grandes operadores de centros de datos han mostrado un «rechazo absoluto y masivo» al nuevo borrador y anticipan la paralización de inversiones multimillonarias en España. La patronal SpainDC, que agrupa a compañías como Amazon, Google o Microsoft, prepara una batalla legal escalonada: antes de la aprobación, denunciará ante el Consejo de Estado los defectos de la norma y de su tramitación urgente, pedirá a la CNMC que vuelva a estudiarla y buscará que la Comisión Europea la examine, lo que podría retrasarla al menos tres meses.

Tras una eventual aprobación, la patronal prevé acciones judiciales con posibles medidas cautelares para frenar la aplicación del decreto, así como reclamaciones de indemnizaciones para compensar las inversiones ya realizadas. La tramitación está liderada por la vicepresidenta Sara Aagesen, al frente del Ministerio para la Transición Ecológica, en la que también participan los ministerios de Transformación Digital y de Economía.

Aunque la noticia tiene alcance estatal, afecta a un debate que también interesa en la provincia de Alicante, donde se siguen con atención las inversiones tecnológicas y su impacto en el consumo eléctrico y el medio ambiente.

Información elaborada a partir de Información.