El juez rastrea en Portugal fondos del presunto fraude de hidrocarburos
El juez Pedraz investiga el desvío a Portugal de al menos 78,3 millones en el presunto fraude de hidrocarburos de Villafuel.
Claudio Rivas, socio del comisionista Víctor de Aldama en la causa por el presunto fraude en la compraventa de hidrocarburos de Villafuel, ha pedido declarar voluntariamente durante la última semana de noviembre. Según sostiene, antes no podría hacerlo por motivos de salud de su abogado, una fecha que coincidiría con el último tramo de la campaña electoral.
Mientras tanto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, nuevas diligencias para profundizar en el supuesto desvío a Portugal de al menos 78,3 millones de euros vinculados a la defraudación investigada.
Pedraz ha solicitado documentación sobre las empresas Armería Argali y Cacera Concejo, y ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) que recabe sus operaciones con la sociedad portuguesa Agarrobvio Unipessoal LDA, con sede en Lisboa y administrada por Luis Alberto Escolano.
La investigación ha identificado una transferencia de 765.745 euros desde una cuenta portuguesa de Agarrobvio a cuentas españolas de Armería Argali, actualmente extinguida, y de Cacera Concejo, una inmobiliaria también administrada por Escolano. Además, se detectó otro envío de 510.000 euros a Cacera, que después se dividió en cuatro movimientos.
El fiscal Anticorrupción Luis Pastor señala que estas operaciones podrían encajar en dinámicas de blanqueo de capitales y en el traslado de fondos procedentes del supuesto fraude del IVA a cuentas portuguesas controladas por personas vinculadas a los principales investigados. Parte del dinero habría regresado después para adquirir bienes.
La Fiscalía también ha pedido una nueva Orden Europea de Investigación a Irlanda para obtener información sobre compras de criptoactivos realizadas desde mercantiles portuguesas. Esta solicitud todavía no ha sido cursada por el juez. Hace aproximadamente un mes, la UCO pidió bloquear decenas de cuentas en Portugal vinculadas a Villafuel o a sus socios.
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